José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada miente. Así lo asegura el comunicado que el Gobierno se ha visto obligado a emitir ante la cesión de derechos de cobro del dinero que, según Ruiz-Mateos, le debe el Estado. El patriarca de la familia ha enviado a los tenedores de pagarés esta oferta como una garantía más de cobro.
Sin embargo, el Ejecutivo afirma tajantemente que el valor de Rumasa es cero y así lo certifican más de doscientas sentencias firmes del Tribunal Supremo.
"Hasta la fecha no ha existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios" aclara el ministerio de Economía y Hacienda.
El organismo aclara, además, que aunque el Sr. Ruiz-Mateos y sus familiares han iniciado procedimientos reclamando la retasación de las empresas, el único fallo judicial que ha recaído hasta la fecha (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2010) "es contrario a las pretensiones de la familia y no reconoce a su favor derecho de pago alguno".
Sobre el resto de los procedimientos de retasación iniciados por la saga, el ministerio asegura que "tienen un planteamiento idéntico al que ha sido desestimado".
Reacción a la rueda de prensa de ayer
Por último, y ante las declaraciones que ayer tanto el patriarca de la familia como su abogado personal, Joaquín Yvancos, realizaron sobre la ventaja que iban a tener los bonistas que se adhiriesen a la oferta lanzada por Ruiz-Mateos ante la proximidad de una sentencia que les dé la razón y obligue al Estado a pagarles las cantidades demandadas por la retasación de los activos de la antigua Rumasa, el Gobierno afirma que "no existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el Sr. Ruiz-Mateos".
El Gobierno emite este comunicado al ser señalado por los Ruiz-Mateos como titular de unas obligaciones de pago que "niega y combate y que hasta ahora han sido totalmente rechazadas por los tribunales de justicia".
Además, considera que era necesario emitir la nota para que los tenedores de pagarés a los que la familia dejó de abonar los intereses pactados por falta de liquidez lo tengan en cuenta.