El encarecimiento de la deuda española se ha llevado por delante la cuarta emisión del déficit de tarifa eléctrico. Las eléctricas esperaban este mes una nueva emisión por valor de unos 2.000 millones para ir abonando el desajuste por no tener unas tarifas que cubran los costes reales de la energía. Pero el aumento de la prima de riesgo española, así como la intención de controlar el coste de estas emisiones ha hecho que el Tesoro eche el freno en esta titulización y espere a que el temporal escampe.
Se trata de un movimiento significativo ya que el Ejecutivo había instaurado un calendario para realizar una emisión al mes de este producto, en aras de garantizar la colocación de 9.400 millones antes de julio. De momento, el gestor de las emisiones -Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE)- ya ha realizado tres emisiones por un total de 6.000 millones por lo que tiene margen.
Fuentes del sector aseguran que uno de los motivos por los que FADE se habría decantado por paralizar estas emisiones es el encarecimiento en las colocaciones del Tesoro Público. Ayer mismo, adjudicó 3.537 millones en obligaciones a diez y trece años y subió el interés marginal de las primeras hasta el 5,483 por ciento, el más elevado desde enero, cuando fue del 5,60 por ciento.
Y es que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha dado recientemente un toque de atención al Ejecutivo por el encarecimiento al que se estaban produciendo las emisiones del déficit. La razón es que el tipo de interés sobre el que se calculan las correspondientes emisiones que se han hecho del déficit en los mercados financieros es más de cinco veces superior, y en la última hasta seis veces superior al tipo reconocido en 2011. El resultado es que las anualidades a pagar por este concepto se han incrementado un 11 por ciento, es decir, 114 millones más, y los consumidores lo deberán pagar a través de la parte regulada de la luz.
Para más inri y con los problemas y retrasos que ha sufrido la colocación del déficit, estos intereses tan altos provocarán que sean necesarias refinanciaciones de este producto, en tanto que los derechos de cobro se pagan con las tarifas de acceso de los consumidores en 15 años, mientras que el gestor de las colocaciones debe devolver el nominal de la inversión a sus bonistas a plazos inferiores (3,14 años, 4,31 y 9,96 años, en las tres primeras emisiones). Hay que destacar que en esta ocasión las eléctricas preveían que la cuarta emisión fuera más ágil porque ya estaban seleccionadas las entidades encargadas en la colocación (Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caja Madrid, JP Morgan y Société Générale).
El Gobierno había cedido a las peticiones de las eléctricas para simplificar este proceso y por ello la adjudicación de las entidades se realiza cada dos titulizaciones y esta vez toca repetir a las seleccionadas para la tercera colocación, que se produjo el pasado 22 de marzo.
En todas las emisiones que se han producido hasta ahora se ha recibido una demanda del entorno al 25 por ciento superior al volumen ofrecido en el mercado. El problema es que el Real Decreto que fija la titulización obliga a colocar el déficit en bloques de 500 millones, de ahí que se haya quedado demanda sin satisfacer. Además, FADE ha optado por criterios prudentes en todas estas emisiones, aunque desde las eléctricas se critica que no se ha explicado del todo bien.
En las anteriores emisiones el Gobierno había aprovechado situaciones de mercado favorables, como la carrera de emisiones de bonos por parte de grandes empresas como Telefónica, Gas Natural Fenosa o Iberdrola, por lo que ahora las eléctricas se temen que habrá que esperar a que la prima de riesgo española se recupere. Para las eléctricas es vital esta colocación.
Las agencias de calificación crediticia han llegado a advertir sobre sus perspectivas ante los retrasos en las emisiones del déficit. Sin embargo, con la tendencia iniciada desde enero a marzo la situación se había calmado. Es más, las compañías ya se han embolsado los 6.000 millones de las primeras titulizaciones, algo que todas han destacado en la presentación de sus resultados anuales.
Y es que las eléctricas han sido muy penalizadas por este asunto. De hecho, antes de que el Gobierno asumiera estas colocaciones con aval del Estado, las compañías tenían que financiar ellas mismas este problema y el Ejecutivo se lo reconocía pero a un tipo de interés inferior al que a ellas mismas les costaba esta financiación.
Pero una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dar una vuelta de tuerca a este asunto. Tal como adelantó elEconomista, las eléctricas tienen derecho a recibir el euribor más un diferencial que compense este perjuicio patrimonial para las eléctricas, tras dos sentencia a favor de Unesa y Gas Natural.
