La CAM se encuentra entre la espada y la pared. Su situación es crítica y está abocada a la desaparición. Las dos alternativas que baraja el Banco de España, la absorción por parte de otra entidad o la intervención inmediata, le conducen al mismo escenario. Si bien, el primero sería menos traumático que el segundo. Éste podría llevarse a cabo a través de una nacionalización, al tomar el Estado más del 50% de su capital. Las cuotas participativas de la CAM, en subasta, caen un 25%.
De momento, la caja alicantina comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que va a solicitar ayuda al FROB y su presidente, Modesto Crespo, ha convocado un consejo para analizar posibles alianzas tras la ruptura de Banca Base.
Asimismo, la entidad ha comenzado a asesorarse sobre las consecuencias jurídicas del rechazo de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de no continuar en Banco Base y ha avanzado que efectuará "todas las reclamaciones que procedan", según ha informado la CAM.
El supervisor dará un tiempo prudente a la alicantina para encontrar un aliado que engulla sus activos a través de una fusión. Antes del día 28 de abril tiene que tener listo el plan de todas las entidades, ya que debe enviar los resultados de los test de estrés a las autoridades europeas, por lo que sería el plazo máximo.
Las posibilidades son prácticamente nulas y el regulador que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez está activando el plan B, el rescate por parte del Estado, ya que los principales grupos financieros que han sido tanteados -el Santander, BBVA y La Caixa- exigen unas garantías contra pérdidas.
Los candidatos a hacerse con la CAM temen que los números reales sean peores de los declarados. El sindicato CCOO-Comfia exigió al Banco de España que aparte a los gestores de la caja alicantina. Su secretario general, José María Martínez, reclamó la intervención de la entidad si se confirma que el deterioro del balance es superior al publicado ante la existencia de un informe que arrojaría un agujero adicional de 625 millones.
Según las primeras estimaciones, la CAM necesitaría más de 2.500 millones para elevar sus ratios de solvencia a los niveles exigidos por la nueva normativa. Las negociaciones de los próximos días serán vitales para la supervivencia de la entidad.
En el sector se da por segura una intervención por parte del Banco de España. El regulador inyectaría el dinero suficiente, llevaría a cabo un saneamiento del balance y, posteriormente, subastaría sus activos. Los compradores, además, podrían acceder a ayudas públicas, es decir, a un esquema de protección para cubrir impagos por la cartera adquirida, que podría alcanzar los 70.000 millones. Es el modelo implantado en la adjudicación de CCM en 2009 y CajaSur, el ejercicio pasado.