La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en marzo de 2010 para investigar los pagarés de Nueva Rumasa ante las sospechas de que estas emisiones de deuda entre particulares pudieran suponer una estafa o conllevar la comisión de otros potenciales delitos. El juez cita a administradores concursales por una posible caída rápida de Rumasa.
Según informaron a Efe fuentes cercanas, Anticorrupción solicitó ayuda a la Policía para averiguar cuál ha sido el destino del dinero procedente de los pagarés, que suscribieron cerca de 5.000 inversores.
La investigación, que corre a cargo de los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, fue motivada por una denuncia presentada por la Agencia Tributaria a raíz de las advertencias emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador busátil avisó en reiteradas ocasiones de que Nueva Rumasa no había constituido ninguna garantía que avalara la devolución de las inversiones ni el rendimiento prometido.
Por ahora, sólo los pagarés
La Fiscalía Anticorrupción investiga si el dinero ha haber sido desviado para otros fines distintos a los anunciados por la compañía, es decir, la compra de empresas.
Lo que han descartado otras fuentes consultada por Europa Press ha sido la apertura de una investigación general sobre el entramado de 160 sociedades que tiene el grupo, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, tal y como se hizo en los años 80 y que derivó en la expropiación de Rumasa por el Gobierno español el 23 de febrero de 1983.
Según explicaron, el hecho de que las sociedades estén inscritas en territorio offshore no constituye en un principio delito de blanqueo de capitales.
Nueva Rumasa no sabe nada
Fuentes de Nueva Rumasa consultadas por Europa Press, calificaron el inicio de esta investigación de "absurda" y "ridícula", porque los inversores que decidieron acudir a los pagarés "sabían perfectamente lo que estaban comprando". "¿Qué engaño puede haber aquí?", se preguntaron.
Asimismo, además de señalar que han conocido estos hechos "por la prensa", afirmaron que todavía "nadie" les ha comunicado nada al respecto de la investigación de la Fiscalía. "Es ridículo, nadie nos ha dicho nada", insistieron.
El grupo de José María Ruiz-Mateos sostuvo que la primera emisión de pagarés, iniciada el 23 de febrero de 2009 y con la que captó más de 70 millones de euros, había permitido la adquisición de siete compañías: Quesería Menorquina, Cadysa (que opera la marca Manzanilla Bajo de Guía y Manzanilla Sanluqueña) y cinco hoteles, de los que dos estaban radicados en Mallorca, otros dos en La Palma y uno en Tenerife.
La primera emisión de pagarés fue realizada por Carcesa, mientras que en la segunda actuó como emisor Hibramer; en la tercera, Maspalomas Hoteles, y en la cuarta, la sociedad José María Ruiz-Mateos, antes de que se suspendiera por la entrada en vigor de la nueva ley que obligaba a la intervención de intermediarios autorizados por la CNMV en cualquier operación de deuda.
Nueva Rumasa intentó hacer cada vez más atractivas sus emisiones pagando un interés mayor o asegurando supuestamente la devolución de los ahorros. La tercera emisión, que contaba con una rentabilidad del 8% a un año, como en el caso de la primera, estaba garantizada en teoría con "un tesoro de incalculable valor", que eran las existencias del brandy "Conde de Garvey", tasadas en 1.200 millones de euros.
La preocupación de los inversores particulares se ha disparado desde que el pasado 17 de febrero el grupo propiedad de José María Ruiz-Mateos anunció que había pedido el "preconcurso de acreedores" para once sociedades (la última conocida ha sido Cacaolat, que se suma a Carcesa, Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano).
Desde entones, se ha sucedido el vencimiento de decenas de pagarés que conllevaban el pago de intereses, sin que hayan sido atendidos por las empresas emisoras.
Rumasa deja de pagar a los inversores particulares
