El Gobierno siempre ha presumido de que España cuenta con el mejor supervisor bancario del mundo y a él le ha atribuido los menores problemas del sector financiero doméstico. Sin embargo, en el último mes, el Ministerio de Economía ha tomado las riendas sobre el futuro de las cajas, despreciando los criterios del Banco de España.
Primero fue la elaboración de un plan de recapitalización elaborado a espaldas de la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez y ahora es el desembarco en el órgano rector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) que, a la postre, supondrá, si el texto provisional del decreto ley se mantiene, tomar su control efectivo.
Esta situación le supone pasar por las horas más bajas desde que el Gobierno de Zapatero le propuso como gobernador. Distintas fuentes del sector sostienen que estos desplantes son una desautorización en toda regla a las actuaciones previas del Banco de España durante esta crisis. Los argumentos son simples. En primer lugar, Ordóñez daba por concluido el proceso de reestructuración en las cajas el 31 de diciembre pasado, al cerrar éstas los flecos pendientes de sus procesos de integración. No pasó ni un mes cuando Salgado se descolgó con la idea, nunca contrastada por modelos de simulación, de que todas las entidades financieras debían tener un core capital del 8 por ciento.
Un agujero impreciso
En esa comparecencia, la del 24 de enero, la ministra cifró en 20.000 millones las necesidades de recapitalización de todo el sistema, mientras el Banco de España recibía esos días los datos de 2010, por lo que resultaba imposible calcular, ni siquiera de modo aproximado, los recursos que precisa el sector.
En el borrador del decreto ley que prepara Economía, hay otra sorpresa desagradable para el supervisor. El ministerio, que sólo está presente con un vocal que tiene voz pero no voto, modificará la composición de la Comisión Rectora del Frob para colocar en él a varios representantes. Ahora esta comisión está compuesta por un vocal que representa a cada uno de los fondos de garantía de depósitos de las entidades (bancos, cajas y cooperativas), mientras otros cinco son nombrados por Economía a propuesta del Banco de España.
Además, según el texto del borrador, "se otorga mayor peso a Economía, con informes sobre cada operación y sus implicaciones para el déficit y deuda pública".
Desde que Salgado anunció los planes de recapitalización, no ha habido declaraciones del gobernador, ni de otros altos cargos del supervisor, sobre él mismo, lo que es un indicativo, según fuentes financieras, de que está al margen de este proyecto.
Según los expertos consultados, el borrador que prepara el Gobierno abre la puerta a soluciones políticas, en vez de técnicas, para las cajas de ahorros. Esta opinión se basa en los numerosos fallos técnicos detectados en el documento.
Uno de ellos es la denominación de capital principal para referirse a la medida de solvencia exigida para las entidades financieras, que no consta en ninguna de las referencias realizadas por el Comité de Basilea para las nuevas normas de capital, y que, como tal, por tanto, tampoco coincide con la composición de ningún ratio.
Pero donde cargan las tintas es con la confusión creada al referirse a Basilea III y apelar luego a criterios que el Banco de España realiza siguiendo al acuerdo anterior, Basilea II. Así, el texto dice que el Banco de España podrá exigir mayores niveles de solvencia "de acuerdo con el pilar II de supervisión".
Este criterio es uno de los tres establecidos para Basilea II, ahora vigente, y se refiere al examen por el supervisor del control de riesgo de la entidad, su gobernanza o la adecuación de su mix de negocio. Son criterios subjetivos y que, por tanto, no pueden establecer un baremo igual para todas las entidades.
Pero esto es, precisamente, lo que se hace cuando se establece un plus de solvencia (del 10 por ciento, según Economía) para los grupos financieros que no coticen, que no tengan inversores privados o que tengan una dependencia de la financiación captada en los mercados superior al 20 por ciento. Todos estos criterios, aseguran los expertos consultados, también deberían incluirse en el pilar II de supervisión, que debería realizar el Banco de España.
La exclusión de estos baremos y el establecimiento de unos porcentajes generales, aseguran estas fuentes, es un indicativo de que Economía quiere reservarse el poder de decidir qué caja debe ser nacionalizada o no. En definitiva que la norma, tal y como ahora está diseñada, le deja un amplio margen de discrecionalidad política, olvidándose de la lógica financiera y económica.
También se critica que la única preocupación del Gobierno sea el ratio de solvencia, cuando no lleva aparejado ningún requerimiento de saneamiento previo, lo que llevará a restará credibilidad a este plan, según fuentes financieras.
El Gobierno exigirá un 10% de solvencia a las cajas
