Francisco Correa, del que Hacienda no tiene noticias entre 1999 y 2009, es propietario de 30 casas, 22 coches y dos barcos.
Durante diez años Francisco Correa, el principal imputado en la trama Gürtel, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), no declaró ningún ingreso a Hacienda. Entre 1999 y 2009 la Agencia Tributaria no recibió ningún dato ni de actividades económicas o patrimoniales ni tampoco de IRPF. El último dato contabilizado corresponde a 1999, fecha en la que Francisco Correa figuraba como propietario de un piso y una plaza de garaje en Madrid.
Sin embargo, los datos que Hacienda tiene de él no concuerdan con el inmenso patrimonio que logró amasar en el mismo periodo. El juez Antonio Pedreira, que instruye la causa Gürtel, recibió el pasado mes de diciembre un informe policial sobre los bienes inmuebles, vehículos y propiedades que atesoran los principales imputados de la trama, para determinar la cuantía con la que podrían responder de la responsabilidad civil derivada de la sentencia, una vez que ésta se produzca.
¿Y qué bienes se relacionan con un empresario que entre 1999 y 2009 no declaró ningún ingreso? Del piso con garaje que figuraba en los registros fiscales de finales de los años noventa, Correa ha pasado a poseer 25 fincas repartidas entre Cádiz, Madrid y las Islas Baleares, además de 30 casas y apartamentos, 18 plazas de garaje, 22 coches (varios de ellos de alta cilindrada) y dos barcos. Estos últimos se encuentran amarrados en Alicante.
Así consta en el informe policial que le fue entregado al juez Pedreira, tal y como adelantó ayer el diario El País. A partir de la publicación de estos datos, a lo largo de la jornada de ayer fueron desvelándose y contrastándose nuevos detalles sobre el patrimonio obtenido a través de la trama Gürtel mediante presuntos sobornos y pagos de comisiones ilegales a políticos del Partido Popular a cambio de la concesión de contratas de obras públicas.
La relación de bienes que forman parte del informe asciende a más de un centenar, la mayoría de los cuales son propiedad de Correa, aunque también figuran en la lista los nombres de Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes, y Pablo Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular Gallego, a quien el juez ha decido rebajar la fianza de 1,2 millones a 600.000 euros para poder salir de prisión en un auto hecho público en el día de ayer. Crespo está imputado en la causa por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
200 millones de euros
Correa, a quien se le imputan los mismos cargos, seguirá dos años más en prisión provisional, ya que el magistrado considera que sigue existiendo un alto riesgo de fuga. Podría hacerlo a Colombia, Panamá o Estados Unidos, donde figuran varias residencias que también están contabilizadas en el informe policial como bienes patrimoniales obtenidos a partir de la red Gürtel. Según figura en la parte del sumario que el juez Pedreira hizo público en octubre de 2009, Correa adquirió parte de sus posesiones a través de una treintena de sociedades intermediarias, entre ellas Osiris Patrimonial, Caroki, Hator Consulting, Orange Market y Kintamani. Ésta última parece ser la empresa que sirvió de centro neurálgico para blanquear dinero, dado que la mayoría de los bienes incautados están a nombre de esta compañía. Al parecer, estas propiedades servían de tapadera para reintegrar en España el dinero que Kintamani blanqueaba en varios paraísos fiscales.
Esto concuerda con los 66 millones de euros que la Policía ha descubierto en varios países, junto a joyas de alto valor. En Suiza hay localizados 21 millones en cuentas bancarias, y en Mónaco también se han hallado otros 12 millones de euros. El mismo informe policial no descarta que la evasión de capitales de la trama también alcance Estados Unidos, donde se estiman unos 30 millones que figuran a nombre de sociedades vinculadas a la trama.
El juez podría decretar el embargo y posterior subasta de todos los bienes, a fin de recobrar el dinero defraudado al Estado. Sin embargo, fuentes periciales afirman que las 102 propiedades que constan en el informe tan sólo servirían para cubrir una décima parte de los casi 200 millones en los que se tasa el fraude Gürtel.