El modelo italiano es el preferido por el Banco de España para dar la puntilla a la reestructuración de las cajas. ¿En qué consiste? En que las cajas pierden su ficha bancaria y se convierten en fundaciones y, a cambio, crean una sociedad anónima a la que traspasan el negocio financiero. Hasta aquí no hay problemas y el sector estaría dispuesto a aceptar esta trasformación.
A lo que muchas entidades, entre ellas La Caixa, se muestran más reticentes es al siguiente paso que el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere que den: que esas fundaciones vendan a inversores privados más del 50 por ciento del capital de sus filiales bancarias, lo que conllevaría la pérdida del control. De esta manera, las cajas podrían conseguir los recursos que necesitan y, así, recapitalizarse.
En Italia la regulación va más allá, al 80 por ciento, aunque el proceso de privatización fue largo en la década de los 90.
En la actualidad, gracias a la reforma llevada cabo en España el pasado verano, este modelo es posible. Pero la ley permite otras vías que no gustan tanto al supervisor. De ahí que esté presionando al Gobierno para que la normativa se vuelva a modificar e impida seguir estos caminos alternativos.
La ley ahora vigente deja abierta la posibilidad de que las cajas sigan siendo cajas, que las cajas cuenten con ficha bancaria en el caso de que traspasen la actividad financiera a un banco siempre que ostenten más del 50 por ciento de éste último y que puedan vender cuotas participativas (especie de acciones con o sin derechos políticos) hasta un 49 por ciento.
¿Por qué las presiones del Banco de España? Porque los mercados no se creen la solvencia del sector financiero y en especial la de las entidades de ahorros. Los expertos han calculado que las cajas necesitan entre 40.000 y 80.000 millones, una cifra que sería muy costosa para el Estado en estos momentos de crisis de deuda soberana.
El objetivo, por tanto, es que sean los inversores privados quienes asuman este gasto a cambio de una rentabilidad. Ya hay fondos de capital que estarían interesados en tomar participaciones de las cajas que han dado el primer paso, crear filiales bancarias aprovechando la ola de fusiones con los denominados Sistemas Institucionales de Protección.
El gobernador pretende que La Caixa, Unicaja e Ibercaja hagan lo mismo, al igual que los grupos formados con las fusiones tradicionales (las cajas gallegas, las catalanas y las castellanas España y Duero).
Los planes de La Caixa van en esta dirección, pero no cumplen con las últimas pretensiones de Fernández Ordóñez compartidas también por la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
La entidad que preside Isidre Fainé -también presidente de la patronal del sector CECA- tiene previsto aprobar la agrupación de su negocio financiero en Criteria, que ya cotiza en bolsa y de la que posee el 80 por ciento, y traspasar de Criteria las participaciones no financieras -entre ellas, Telefónica, Repsol y Gas Natural- a otra filial-, además de contar con una fundación que instrumentalice la obra social.
Con este proyecto, Fainé se adelantaría a un previsible cambio legal, que contemple los objetivos del regulador, y presionaría para que finalmente no fueran aprobados ni por el Gobierno ni por el Congreso de los Diputados.
Hay que recordar que la entidad catalana es la segunda por tamaño y en los últimos años ha sido pionera en la pequeña transformación del sector, como la internacionalización. Asimismo, le permitiría reducir sustancialmente la penalización que supondrá la tenencia de una cartera industrial con las nuevas reglas de solvencia Basilea III.
Las reticencias de La Caixa y de la mayor parte de las cajas a una revolución total del sector se deben a que perderían su razón de ser. Si ceden el control se exponen a que los inversores privados limiten al máximo los dividendos, recursos que servirían a las fundaciones en su labor benéfica. Y eso es lo que no quieren y están en disposición de luchar con todas sus fuerzas para evitarlo.
Editorial: ¡Qué comience el destape!
