
¡Tenga cuidado! Cada vez que enchufe un electrodoméstico, que ponga una lavadora o que encienda el secador, está usted incrementando la hipoteca eléctrica de todos los españoles. A partir de ahora el que salga de una habitación sin apagar la luz comenzará a tener cara de culpable si los de alrededor piensan en su recibo eléctrico. Sebastián acudirá al Congreso para explicar las medidas energéticas.
El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un aumento de la tarifa del 9,8 por ciento, pero este incremento no será suficiente para hacer frente a los gastos del sector. De hecho, según la última Memoria Económica, en 2011 se ingresarán alrededor de 12.361 millones por la parte regulada y se gastarán 17.757 millones.
Es decir, que pese a la astronómica subida, los costes regulados -la parte que le corresponde fijar al Gobierno- se incurrirá en 5.396 millones más de déficit. Las primas de las renovables (6.759 millones) y el coste financiero de incumplir la contención del déficit en 2009 (1.010,7 millones), entre más de una veintena de variables, generarán un mayor agujero del previsto.
La ley del sector eléctrico, así como varias sentencias del Tribunal Supremo, han ratificado el derecho de las eléctricas a cobrar por el coste total del servicio.
Algo que para cualquier otro sector sería lógico se pone en duda para los señores del kilovatio. Por poner un ejemplo, un panadero no aceptaría que le pagáramos la barra de pan que consumimos diariamente a crédito durante quince años. O un periódico no podría vivir si el lector tuviera que pagar una parte del precio de cabecera a plazos. Imagínese entonces que es el dueño de alguno de estos negocios y va a pedir un crédito para cubrir esta falta de ingresos. La respuesta del banco obviamente sería denegárselo siempre que no disponga de un aval.
A las eléctricas les ha pasado lo mismo y, al final, han tenido que contar con el aval del estado para poder abrir la titulización del agujero eléctrico. Al cierre de 2010, el sector tiene una hipoteca que asciende a los 18.000 millones y que, según las previsiones del Ministerio de Industria, alcanzará los 28.000 millones en 2013, lo que haría necesaria una subida del 30 por ciento para este mes a fin de no acumular más déficit de tarifa.
Este hecho supone que en este mismo instante, cada uno de los 24 millones de consumidores tienen una hipoteca eléctrica de 750 euros que tendrá que ir pagando cómodamente en el recibo de la luz durante los próximos quince años. Lo malo es que esta cantidad -siempre que se cumplan las previsiones del Gobierno- no dejará de incrementarse hasta el año 2013 y llevará esta deuda con el sector hasta los 1.166 euros de media por cada consumidor.
Las cifras además han tomado un cariz dramático ya que los 28.000 millones que se acumularán en 2013 suponen en la práctica el coste total del recibo de la luz de un año. Es decir, que llegado el momento, los clientes eléctricos les deberemos a las empresas una cantidad similar al recibo de un año que iremos pagando en los siguientes quince ejercicios, lo que supone una carga para el recibo del 6,6 por ciento cada año.
Para compensar esta subida, el Gobierno ha metido la tijera a los costes, concretamente, a las primas a las renovables y ha aumentado los ingresos con nuevas tasas.
Lo fácil es culpar a las renovables del incremento de las tarifas eléctricas y del déficit, pero no todos los males provienen de ese destino. Durante años se ha estado dando una señal de precios inadecuada a los consumidores y se ha reducido además la competitividad futura de las empresas que tendrán que afrontar un coste de la energía mayor cuando vayan llegando los recargos por el déficit.
La deuda del sector eléctrico ha pasado de los 62.100 millones de 2008, a los 63.100 millones en 2009. Según un reciente estudio elaborado por la patronal eléctrica, si las empresas que forman parte de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON) pudieran prescindir del endeudamiento que les supone el déficit tarifario su ratio se situaría en un 46,5 por ciento frente al 55,6 por ciento que resulta del promedio de las empresas eléctricas europeas.
La situación, no obstante, puede estar cambiando ya que ahora los mercados perciben un mayor riesgo y la prima de los bonos que emiten estas empresas está comenzando a subir, véase el caso de Enel.
Sin pactos
El Pacto de Estado de la energía es una farsa que ha utilizado el Ministerio de Industria para tratar de eludir sus responsabilidades a la hora de regular el sector. Por suerte, el Partido Popular parece -aunque tarde- haberse dado cuenta de la trampa que les preparaba el Gobierno y no han sido partícipes de estos acuerdos que sólo han buscado soluciones cuando el problema ya era insalvable.
El PP ha reclamado por activa y por pasiva que el recibo de la electricidad no subiera y, de hecho, lo logró el pasado junio. Esta decisión, no obstante, supuso volver a cargar la cuenta del déficit tarifario con 2.000 millones más.
Ahora, cuando ya prácticamente no quedan asuntos sobre los que pactar, el Ejecutivo sigue buscando el consenso para lograr una ubicación para el cementerio nuclear o un acuerdo sobre el horizonte de vida nuclear.
El Gobierno tendrá que tomar una decisión sobre estos asuntos y seguramente estará solo. La opción de otra foto del ministro de Industria, Miguel Sebastián, con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, se esfuma. Es la hora de las decisiones. El Gobierno ha tomado medidas drásticas aprovechando la salida del secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, pero el sector necesita un modelo más estable que no esté sometido a vaivenes electoralistas o a decisiones que puedan socavar la capacidad de inversión de las empresas. Como decía Keynes: "A largo plazo, todos muertos".