El Gobierno ha metido la tijera en los costes regulados de la tarifa eléctrica. El decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros permitirá ahorrar 4.600 millones en los próximos tres años, principalmente por el hachazo a las primas de la fotovoltaica, tal y como adelantó elEconomista el pasado martes.
Pese a este tijeretazo, el Ejecutivo no logrará contener el aumento del llamado déficit tarifario, que alcanzará los 28.000 millones de euros en el año 2013.
Para legalizar esta situación, que se le había ido de las manos al ministerio, Industria ha incrementado en 4.000 millones los niveles máximos de déficit previstos en la legislación. Así, a los 18.000 millones de euros que ya se deben a las eléctricas por el agujero generado desde el año 2000, habrá que sumar ahora 5.500 millones en los que el Gobierno prevé incurrir a finales del próximo año, más otros 3.000 millones para el 2012 y otros 1.500 millones en 2013.
Estos nuevos datos, que a priori sólo incrementarían la cantidad a titulizar, tendrán importantes repercusiones, ya que pueden provocar un aumento de la prima de riesgo de las colocaciones al considerarse que hay una parte importante de la titulización - 3.000 millones- que todavía no cuenta con el aval de estado.
Aprobación en Presupuestos
En estos momentos, el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico tiene un Saldo Vivo Máximo del Programa de 25.000 millones. De esta cantidad, los Presupuestos Generales del Estado de 2010 ya autorizaron un aval para un total de 13.500 millones sin perjuicio de que las emisiones puedan realizarse a partir del año que viene, como efectivamente sucederá.
Para poder aumentar hasta los 28.000 millones, Industria modifica la Ley de Presupuestos para 2011 con 22.000 millones de aval y posteriormente presentará una orden ministerial. Al mismo tiempo, cuando el llamado saldo vivo se amplíe se tendrá que registrar un suplemento al folleto de la colocación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y previsiblemente se tenga que volver a negociar con el Banco Central Europeo la posibilidad del tipo de descuento en ventanilla para este tipo de colocaciones.
Según indicaron ayer fuentes del Ministerio de Industria, la primera colocación del déficit no tendrá por qué retrasarse por este motivo, ya que está aprobado por el momento, pero reconocieron que habrá que ajustarlo.
Lo que sí mantiene el Gobierno es la intención de que este desajuste del sistema finalice en 2013. Y para ello ha puesto en marcha una serie de mecanismos que penalizan a los promotores fotovoltaicos y a las eléctricas mientras que, por contra, dan un poco de aire a los consumidores.
Dudas sobre la luz en enero
El objetivo es que los 4.600 millones de ahorro que se consigan a través de los nuevos recortes aplicados tanto para las eléctricas (con nuevas tasas) como a las renovables (con una reducción de primas), sirvan para que el Ejecutivo pueda amortiguar las subidas de la parte regulada del recibo de la luz.
La principal duda es ahora qué pasará con la revisión de enero. El Gobierno dejó en el aire su decisión sobre si elevará la tarifa un 10%, tal como ha reflejado el mercado. El propio Sebastián avanzó ayer que la decisión final se tomará el lunes en función de la repercusión que tenga en la tarifa el decreto que pretende incentivar el consumo del carbón.
Lo que sí que quedó claro es que el Ejecutivo no está dispuesto a modificar la congelación de los peajes (parte regulada de la luz) que envío a la Comisión Nacional de la Energía para su entrada en vigor el 1 de enero a fin de mantener su credibilidad para la próxima titulización de deuda eléctrica, que se quiere realizar en enero si la volatilidad de los mercados se reduce.
Llega el 'decretazo'
Con todo, la argumentación del Ministerio es que con los ahorros que se consigan con la reforma del sistema, el Gobierno podrá contener los recibos de la luz en el futuro, pero eso no tiene por qué tener una repercusión inmediata.
Con subidas del 10% o sin ellas, las compañías productoras de renovables se encontraron ayer con un "decretazo", tal como se le ha bautizado, que les pone contra las cuerdas.
En concreto, todas las generadoras de electricidad tendrán que pagar a partir de enero peajes a la generación, que ascenderán a una cuantía de 0,5 euros por megavatio/hora. Con esta medida, el Gobierno tendrá un incremento de los ingresos de 150 millones anuales.
Asimismo, las eléctricas financiarán el bono social hasta el 2013, seis meses más de lo previsto hasta ahora, lo que supondrá un ahorro al sistema de otros 150 millones de euros en el 2013. Esta herramienta representa la congelación de las tarifas eléctricas de consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan a todos sus miembros en paro. En total, la luz no subirá a cinco millones de consumidores.
Decisión judicial
Por otro lado, los costes de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, que hasta ahora pagaban los consumidores, serán abonados a partir de ahora por las eléctricas durante tres ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa eléctrica, supondrá un ahorro total de 670 millones, 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.
Esta medida además servirá para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno a eliminar del recibo de los consumidores la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, la conocida como E4.
Entre los recortes aprobados en el Consejo de Ministros se encuentra también la reducción a la fotovoltaica, que tal como adelantó elEconomista el pasado martes, sufrirá una quita del 30% en la retribución de las plantas que ya están en marcha en los próximos tres años, al tiempo que se limitará el número de horas en funcionamiento. Como contraprestación se aumentará hasta los 28 años el derecho a percibir prima, desde los 25 años anteriormente previstos. Con esta iniciativa, el Gobierno logrará un ahorro de 740 millones anuales y asegura que no se ven afectadas las rentabilidades de las inversiones.
Con todo, el Gobierno prevé obtener unos ahorros de más de 4.600 millones en los próximos tres años: 1.660 millones en 2011, 1.510 millones en 2012 y 1.446 millones en 2013.
A la espera de las agencias
Con estos nuevos costes para las grandes empresas energéticas, así como con el aumento del déficit de tarifa, habrá que ver ahora qué medidas toman las agencias de calificación crediticia, después de que Standard & Poor's esté dispuesta a revisar la nota a Endesa si en tres meses no se coloca parte del déficit.
La firma tomará esta decisión en marzo, mientras que ya ha situado en perspectiva negativa a Ibedrola y EDP (propietaria de la antigua Hidrocantábrico). Prueba de ello ha sido también la repercusión de los problemas causados por el déficit en los bonos de la matriz de Endesa, la italiana Enel.
Sebastián justificó estos recortes en la situación que está atravesando el sector eléctrico causado por una repentina caída de la demanda. Según el Ministerio, tras 25 años de incrementos sostenidos de la demanda próximos al 4% anual, en 2009 la demanda eléctrica cayó un 4,7%, descenso que se sumaba a una desaceleración del consumo experimentada en 2008.
Recuperación de la demanda
Sin embargo, la situación está comenzando a cambiar. Red Eléctrica anunció el jueves que la demanda de energía eléctrica se sitúa a finales de este año en 259.940 gigavatios hora, un 2,9% más que en 2009. El crecimiento bruto de la demanda habría alcanzado el 3,2% antes de corregir los efectos de laboralidad y de temperatura impulsado por la acumulación de tasas positivas registradas en todos los meses del año, salvo enero.
Para Industria, el receso de la demanda el pasado año ha tenido como consecuencia una pérdida de ingresos para el conjunto del sistema y, adicionalmente, un aumento del montante total de los costes regulados por el efecto de la caída de la demanda.
Pero estos recortes no son los primeros que toma el Ejecutivo para racionalizar los costes regulados. Pero en esta ocasión se ha puesto verdaderamente orden en el sector con una reforma para todas las tecnologías.
Orden en el sector
El problema que ha tenido el Ejecutivo es que todas las medidas aprobadas anteriormente han tenido que ser modificadas para adecuarse a la situación de cada momento, algo que se ha criticado de forma muy contundente por las eléctricas por la inseguridad jurídica que supone este tipo de acciones.
De hecho, ha sido constante el rifirrafe mantenido durante los últimos meses entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas por la gran cantidad de regulaciones que ha tenido el sector en los últimos años. Por su parte, el Gobierno también ha reprochado al sector que muchas de ellas han sido por su propia petición de regulación.
El Gobierno evitará que la luz suba el 10%
