La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid contra el presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones que permitió a Luis Portillo abandonar su cargo de consejero en la inmobiliaria
La venta se pactó a un precio de 57,5 euros por acción, notablemente superior al de cotización en ese período, establecido en torno a los 51,5 euros.
La historia
Entre el 24 de diciembre de 2005, fecha en que se firmó el contrato entre Luis Portillo y Joaquín Rivero, y el 30 de diciembre de 2005, cuando se difundió esta información a través de un hecho relevante en la CNMV, Joaquín Rivero preparó cuatro operaciones más.
Estas se contrataron el 29 de diciembre y por ellas Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a diferentes entidades financieras mediante operaciones de bloques y a unos precios similares a los que en esa fecha se estaban negociando en el mercado.
Sucesivamente, y con posterioridad a la difusión del hecho relevante -las acciones de Metrovacesa subieron hasta los 56,10 euros por acción, que representa una apreciación del 9,36%-, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear Erainkuntzak II al precio anteriormente convenido, más una comisión, en todos los casos muy por debajo del precio de mercado, que había ascendido tras la divulgación de la información privilegiada.
Joaquín Rivero era en esas fechas el beneficiario económico último de estas sociedades, que se lucraron mediante unas operaciones que, en esencia, no son sino unas compraventas en las que el precio de las acciones queda ya fijado en valores de mercado, pero se aplaza su pago unas semanas, de tal modo que la divulgación del hecho relevante en ese período de tiempo permite al comprador la adquisición de acciones de Metrovacesa en un período de tiempo en que no podía hacerlo, dada su condición de iniciado y que todavía no se había comunicado el hecho relevante a la CNMV.
De esta forma se beneficia de la diferencia de precio, al pagar por las acciones menos de su valor y ocultar o, al menos dificultar, el seguimiento de la operación, que aparece formalmente perfeccionada en un momento en que la información reservada ya ha sido divulgada.
El beneficio obtenido por Eusko Levantear y Quimafa, en las operaciones sobre acciones de Metrovacesa ascendió a 2,4 millones y 395.000 euros respectivamente. De este modo, Joaquín Rivero obtuvo un beneficio "ilícito" de 2,8 millones al utilizar la información privilegiada, asegura la querella.
Blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones que han dado lugar a la presentación de la citada querella tras recibir una comunicación de la CNMV. El regulador bursátil, inició una investigación para demostrar la vinculación entre la sociedad Eusko Levantear y Joaquín Rivero.
En el curso de esas pesquisas la CNMV descubrió operaciones consistentes en movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que, asegura la querella, "resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales".
En concreto, la CNMV, en su informe remitido a la Fiscalía de fecha 30 de abril de 2005 se refiere a las evidencias encontradas en relación con las acciones de Metrovacesa titularidad de las sociedades vinculadas a Joaquín Rivero, Steneberg y Gramano, que se pignoraron en garantía del préstamo concedido el 26 de enero de 2006 por el Banco Popular a Eusko Levantear por importe de 28,2 millones para la compra de acciones ya relatada.
Tales evidencias se refieren a la procedencia de los fondos con los que se cancelan los préstamos, con origen último en la propia Metrovacesa y, en concreto en una transferencia de 50 millones de la inmobiliaria a la sociedad Eusko Levantear. Además, la CNMV pone de manifiesto otros movimientos realizados en las cuentas bancarias españolas de Steneberg y Gramano en las que se producen entradas y salidas de fondos de no residentes radicados en Mónaco y Luxemburgo, en algún caso, relacionados con salidas de fondos de Metrovacesa que no han sido explicadas.
Por todo ello, el fiscal Alejandro Luzón acusa al presidente de la inmobiliaria del uso de información privilegiada ya que su beneficio "ilícito" lo obtuvo gracias al conocimiento de unos datos que no eran públicos (el hecho relevante se comunicó después), eran relevantes (sus acciones se apreciaron un 9,36%) y concretos.
Entidades
Multa de 180.000 euros a Rivero