Terminó este martes en empate y tendrá que resolverse en la prórroga el choque entre la Europa continental -que desconfía de los hedge funds-, y las Islas Británicas: el portaviones desde el que operan estos fondos de inversión libre, en su mayor parte implantados en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la UE celebrado este martes en Bruselas, este semestre presidido por la vicepresidenta económica española Elena Salgado, alcanzó un principio de acuerdo sobre la futura directiva que regulará a los gestores de los denominados fondos de inversión alternativos: hedge funds o fondos de inversión libre, private equity o fondos de capital inversión, fondos de inversión en materias primas, etcétera.
El objetivo es encorsetar sus especulaciones y exigirles más transparencia. Nadie culpa a estos fondos de la crisis actual. Es más, sus inversiones son bienvenidas para intentar salir de ella. Pero dado que mueven montantes estratosféricos (dos billones de euros el año pasado), los Gobiernos del G-20 -el grupo de los países más ricos del planeta y las economías emergentes más prometedoras- han acordado regular el sector para prevenir que origine crisis que afecten al conjunto del sistema financiero internacional.
El acuerdo ministerial es del agrado de Francia y Alemania, por cuanto concede un pasaporte a los gestores de fondos implantados en la UE, pero lo niega a los gestores de fondos de países terceros. Es decir, un gestor británico que gestiona un hedge fund implantado en la UE, podrá buscar inversores por todo el Viejo continente una vez obtenga la autorización en un sólo país europeo. Pero si gestiona un fondo con sede fuera de la UE, deberá pedir autorización país por país.
París y Berlín consideran que así se garantiza que esta directiva no se termine convirtiendo en un Caballo de Troya a través del que los especuladores campen a sus anchas por el mercado único europeo.
El contaataque anglosajón
Londres y Washington, con el apoyo de la Comisión Europea, por el contrario, lograron que el lunes por la noche el Parlamento Europeo pactara una directiva alternativa que sí concede el pasaporte a los fondos de países terceros. Pero con la condición de que las autoridades de los países en los que residen se comprometan a respetar principios de reglamentación y transparencia equivalentes a los europeos. París y Berlín sospechan de cómo se aplicaría tal equivalencia.
Los Gobiernos europeos representados por España, por un lado, y los eurodiputados, por otro, deben ahora negociar la redacción final de la directiva. El objetivo es adoptarla en julio. En el acuerdo ayer alcanzado por los Veintisiete se contempla que España tendrá en cuenta las preocupaciones de Reino Unido.
La City acapara la gestión de entre el 70% y el 80% de los hedge funds o fondos de inversión libre que operan en la UE. De ahí la importancia que el Gobierno británico, su sector financiero y su prensa conceden a esta negociación. La mayoría de los fondos gestionados en Londres están implantados en paraísos fiscales como las Islas Caimán.
Los hedge funds recuperan el patrimonio perdido
