En la primera entrevista que concede desde la intervención judicial de Afinsa y Fórum, hace exactamente un año, el subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo defiende la actuación de la Administración en la crisis. "El Gobierno está mostrando la máxima sensibilidad hacia los afectados", asegura.
P Se cumple un año de la intervención de las empresas filatélicas por orden de la Audiencia Nacional. ¿Qué mensaje transmitiría a los afectados que han perdido todos sus ahorros?
R A los afectados les diría que el Gobierno está haciendo todo lo posible para ayudarlos dentro de nuestro marco legal. Hay que recordar que se está juzgando un presunto delito de estafa y, por tanto, son los gestores de estas empresas los que tendrán que asumir responsabilidades de acuerdo con la decisión de los tribunales. No obstante, en un ejercicio de solidaridad para con los afectados, se han puesto en marcha un conjunto de iniciativas con el ánimo de paliar en la medida de lo posible su situación: concesión de subvenciones, por un importe de 2 millones de euros, a asociaciones de consumidores para el asesoramiento y la defensa de los 120.000 perjudicados que han acudido a ellas; creación de una ventanilla única en la Audiencia Nacional para agilizar sus denuncias; autorización del complemento a mínimos para aquellos pensionistas con pensiones inferiores a las mínimas que no hubieran podido pedirlo antes; establecimiento de una red rápida de información para los afectados sobre la situación de los procedimientos judiciales en curso; y por último, la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de una línea de anticipos al 0% de interés en el Instituto de Crédito Oficial por un importe global de hasta 500 millones de euros.
P Miles de afectados han responsabilizado de la crisis, entre otros, al Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿Cree que hubo negligencia en la regulación del sector?
R No ha existido ninguna negligencia por parte del Estado. La lesión de los derechos de los afectados se ha producido por la presunta actividad delictiva de dos empresas a las que se imputan graves delitos. Ni el Gobierno ni las autoridades competentes en materia de consumo de las Comunidades Autónomas son responsables de estas conductas, cuyas responsabilidades están depurando los tribunales. Los propios administradores concursales han señalado que los gestores de estas empresas, con independencia de su presunta actividad delictiva, vulneraron el principio de prudencia, hicieron incurrir a estas sociedades en cuantiosos gastos generales, hicieron inversiones poco beneficiosas y no reflejaron en las cuentas la imagen fiel del patrimonio y su situación financiera.
P Entre las obligaciones impuestas a este tipo de empresas en la anterior ley, estaba la de presentar las auditorías regularmente ante el Ministerio. Sin embargo, ni Fórum ni Afinsa las presentó nunca. ¿Por qué no se les requirió ni se las sancionó en su momento?
R La Ley, aun vigente, no dice eso; dice que las auditorías tienen que presentarse ante las autoridades de consumo. Y debo recordar que las competencias de consumo están transferidas en su totalidad a las Comunidades Autónomas, por lo que son éstas las que debieran haber recibido esas auditorías a las que usted hace mención.
P La nueva ley de bienes tangibles vuelve a dejar en manos de las autoridades de Consumo el control de este tipo de empresas. Sin embargo, hay muchas voces que dicen que se trata de inversiones financieras, y por tanto, deben estar reguladas por el Banco de España. ¿Qué opina al respecto?
R No se trata de inversiones financieras porque no hay captación de fondos del público en el sentido técnico del concepto recogido en la Ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito, esto es, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas. Hay una compra de bienes, no una entrega de fondos en forma de depósito.
P ¿Pueden estar seguros los consumidores de que el mercado de los bienes tangibles es seguro?
R El proyecto de ley tiene por objeto regular las garantías de los consumidores en la contratación de este tipo de bienes mediante el establecimiento de un conjunto de mecanismos que aseguren la transparencia en la información y aporten garantías adicionales para la recuperación por el cliente del precio o el importe de revalorización cuya restitución se le ha ofrecido. Entre ellos, la obligación para las empresas de dar una información absolutamente veraz y de formalizar los contratos mediante escritura pública. Estas medidas refuerzan considerablemente el mercado de los bienes tangibles, pero no existe ninguna ley que pueda garantizar a priori que las empresas se comporten de acuerdo a la ley.
P ¿Piensa que el mercado de los bienes tangibles tiene futuro en España tras lo que ha ocurrido?
R El tiempo lo dirá. Lo que es indudable es que la incorrecta gestión de estas compañías, que ha llevado a una intervención judicial, ha supuesto un duro golpe para la fiabilidad de estos productos. Las empresas que quieran dedicarse a la compraventa de este tipo de bienes tendrán que cumplir escrupulosamente la ley, que, al asegurar una mayor transparencia y garantizar el cumplimiento de lo prometido por las empresas, podría reforzar la confianza de los clientes.