El Gobierno estudiará su posible responsabilidad en el caso de los sellos

Fernando Pastor / Cristina Caballero
26/05/2006 - 5:59

El PSOE quiere aclarar todos los hechos que, en 2003, impidieron que se legislara en este negocio.

La Administración no eludirá sus responsabilidades si a lo largo de la investigación sobre Fórum y Afinsa se demuestra que el Ejecutivo tuvo alguna culpa por haber dejado un vacío legal sobre la inversión de bienes tangibles, como los sellos.

Al menos así lo aseguraban ayer fuentes parlamentarias tras rechazar las mociones de PP y CiU para que se cree un fondo de ayuda para los perjudicados. Por lo pronto, no habrá fondo con dinero público.

Pero socialistas y catalanes pactaron una enmienda en la que se reitera el apoyo legal a los casi 400.000 perjudicados a través de las asociaciones de consumidores y, en su caso, el adelanto del dinero que les corresponda a cada uno en la liquidación de las dos empresas.

"Nos hemos dado un plazo de dos meses, hasta que se sepan más detalles de la intervención, pero no se puede dejar sin ayuda a tanta gente", señalaban desde CiU en referencia a la enmienda pactada con el PSOE. Desde la parte socialista la idea es también esperar y ver si en el Gobierno hubo dejadez a la hora de legislar sobre un negocio que todo el mundo conocía muy bien pero del que luego nadie quiso saber nada.

"Tendremos que estudiar cualquier responsabilidad que el Estado tenga por no haber regulado esa cuestión: como Administración, es algo que no se podrá eludir si se demuestra que hubo un vacío legal que no se quiso evitar", coincidieron otras fuentes parlamentarias.

Depurar todo

La idea que existe dentro del partido que sustenta el Gobierno es depurar ahora al máximo todas las responsabilidades públicas que pudieran derivarse del proceso, al hilo de los nuevos datos que se vayan conociendo de la investigación.

Quién decidió colar una enmienda en el Senado, en noviembre de 2003 y casi de rondón, para mandar el tema a Sanidad, en lugar de a Economía; cuál fue la postura de cada Ministerio entonces; quién pidió más medios y cuál fue la respuesta; por qué no se consideró negocio financiero a la inversión en sellos a cambios de una rentabilidad; qué mal hizo si, como entidad mercantil, estaba en beneficios... Son varias de las incógnitas, todas ellas dentro de la responsabilidad del anterior Gobierno del PP, a cuatro meses de las elecciones generales.

Otra cosa es que de eso se derive, más adelante, que una parte del daño hecho a todos los perjudicados (muchos de ellos en situaciones dramáticas) deba ser soportado por la Administración, por hacer dejadez de sus deberes. "Si eso se demuestra, más adelante tendremos que volver a hablar de un fondo o de algún sistema para ayudar a la gente", advierten desde CiU.

Lo que todas las partes políticas consultadas parecen tener claro, a estas alturas, es que la intervención judicial de las dos empresas se debe más a los indicios detectados por blanqueo de dinero y posible evasión de capitales, que por la dudosa calificación como estafa de un negocio que, hasta el pasado 10 de mayo, había cumplido todas sus obligaciones con los inversores.

Salgado contradice

Las declaraciones de una y otra parte tampoco ayudan a aclarar la situación. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, reiteró ayer que el Gobierno lo tiene claro: "La compra y venta de sellos es una simple actividad comercial, y por tanto las sociedades que operan en el sector de bienes tangibles no son entidades de crédito, ni empresas de servicio, ni instituciones de inversión colectiva".

La ministra contradice así el informe de la inspectora jefa de la Agencia Tributaria María Teresa Yábar, que motivó la intervención de Fórum y Afinsa. En ese documento, Yábar aseguró que "en realidad el cliente no está comprando ni vendiendo sellos, sino que está realizando una operación de tipo financiero que podría calificarse de préstamo".

Tras ese cambio en la calificación como financiera de la actividad de las empresas filatélicas, la inspectora les calculó un desfase patrimonial de millones de euros. Pero el Gobierno niega en todo momento que sean compañías financieras. Si fueran consideradas como tales, el Ejecutivo tendría su parte de responsabilidad al no haberlas supervisado.


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