Iberdrola y ACS se creen ganadores tras la eliminación de los blindajes

Todos se sienten ganadores. Iberdrola y ACS aseguraban que la decisión adoptada ayer por la Comisión de Economía del Congreso de eliminar los blindajes estatutarios supone un varapalo para el rival.

La eléctrica ha logrado un plazo de un año y tres meses para frenar el asalto de la constructora y la compañía de Florentino Pérez se ha salido con la suya y ha desbloqueado la medida, aceptándose las peticiones que realizó desde el primer momento CiU y el Instituto de Empresa Familiar.

Oficialmente, Iberdrola (IBE.MC) y Repsol (REP.MC) aseguraron que respetan la decisión adoptada por el Congreso, pero se recordó que aún queda pendiente la tramitación en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría y ha presentado una enmienda transaccional que provocará un profundo debate cuando llegue a la Cámara Alta.

Entretanto, el enfrentamiento entre ambos bandos sigue enconado y la batalla se libra despacio, pero con todas las armas.

Fuentes consultadas por este diario destacaron la importancia del tiempo en esta guerra, ya que ACS (ACS.MC) tiene que hacer frente a compromisos de pago de deuda de 2.400 millones de euros en 2010, de 5.000 millones en 2011 y de 3.400 millones en 2012.

La enmienda se interpreta como un intento de ayudar a la banca y a las constructoras ante estos vencimientos y que puede servir para poner en valor las participaciones de ACS y Sacyr (SYV.MC).

Tal y como ya indicó elEconomista, la constructora ha contactado con varios fondos de inversión de EEUU para valorar la posibilidad de un desembarco en el capital de la eléctrica y Sacyr podría optar por una venta del 20% de la petrolera a un precio superior al de cotización, ya que con los derechos de voto en pleno otorgarían un control sobre la compañía.

El Gobierno, por contra, ha sido uno de los más debilitados, ya que se quedó solo en su intención de aprobar la enmienda a escondidas y ha tenido que aceptar un cambio sustancial del texto final, que había preparado en un primer momento para colocarlo en los Presupuestos Generales del Estado.

El Partido Socialista vio cómo se iba al traste su intención de aprobar la enmienda con sigilo el pasado 23 de febrero. Posteriormente, la votación se retrasó al 24 de marzo y al 6 de abril, debido a la oposición de todos los grupos políticos presentes en la Comisión, especialmente del PNV y ERC.

Pacto Zapatero-Duran

Finalmente, la enmienda del ladrillo ha sido fruto, hace 15 días, de "un pacto personal" del más alto nivel adoptado entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ese acuerdo, en el que hizo hincapié hasta en dos ocasiones el portavoz económico de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez Llibre, se cerró el cambio establecido en la Ley de Auditorías,, según la cual se suprimen los derechos de voto en las cotizadas.

El texto finalmente aprobado, y respaldado sólo por PSOE y CiU, cuenta con dos grandes novedades en relación a la enmienda planteada inicialmente por los socialistas y que llegó directamente desde Moncloa. La primera de ellas y la más complicada para el acuerdo ha sido la fecha de entrada en vigor de la misma. Los blindajes serán eliminados "transcurrido un año desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado", lo que ambos grupos justifican para que haya un periodo de transición adecuado para que las empresas se puedan adaptar a la nueva legislación. El PSOE defendía hasta ahora que la medida fuera efectiva a partir del 1 de enero.

En segundo lugar, la iniciativa admite como excepciones las empresas que no cotizan en bolsa, es decir, las no cotizadas y la empresa familiar, principal defensa de CiU. Además, el texto definitivo recoge el plazo "máximo de un año" para las empresas no cotizadas que sean admitidas en un mercado secundario oficial de valores, es decir, que cuando pasen a ser cotizadas tendrán hasta 365 días para adaptarse a los cambios normativos.

En la votación el PP y Coalición Canaria se abstuvieron, mientras que PNV y el grupo formado por ERC-IU-ICV votaron en contra. Los nacionalistas vascos criticaron que el PSOE se ha saltado los "límites parlamentarios" y que la enmienda es "igual de mala" si entra en vigor un año antes o más tarde y cuestionaron que los diputados vascos del PSOE están "guiados por control remoto desde Moncloa". "No estoy prejuzgando que ACS vaya a hacer ninguna trastada, lo que digo es que el blindaje decidido por los accionistas para que la empresa tenga su actividad en Euskadi va a desaparecer", aseguró Pedro Azpiazu.

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