La nueva normativa sobre la inversión en sellos y todo tipo de bienes tangibles está en un callejón sin salida. El Gobierno preparó un anteproyecto de ley a finales del año pasado, con la idea de sacar adelante la norma en el primer trimestre de éste, pero no ha podido ser.
Ni las comunidades autónomas ni el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios han admitido un planteamiento que niega el carácter financiero a este tipo de negocios, para dejarlo como sociedades mercantiles, y no obligar al Banco de España a su control.
Proyecto obsoleto
Desde el propio Ministerio de Sanidad se admite que el borrador de anteproyecto que se anunció "se ha quedado obsoleto", de forma que ahora hay que plantear una consulta interministerial (con Economía y Justicia) para decidir su renovación. El Gobierno ha evitado aprobar una regulación sin el mínimo consenso, sobre todo por el duro análisis que como proyecto de ley debe pasar en el Consejo de Estado, primero, y durante su aprobación en el Parlamento, después.
El objetivo es ahora enviar a las asociaciones de consumidores y usuarios, autonomías y resto de agentes económicos y sociales implicados una nueva redacción del texto lo antes posible.
Reunión fallida
El último miembro del Gobierno en intentar consensuar una postura sobre la nueva norma con el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios fue el secretario de Estado de Economía, David Vegara. Pero su encuentro sólo sirvió para corroborar que el texto no tenía solución. Nadie acepta que sean las comunidades autónomas, en el área de consumo, quienes supervisen esta actividad, sobre todo una vez desatado el escándalo de los sellos.
Todos los implicados piden que se considere esta actividad como financiera, y no mercantil, un paso que el Ministerio de Economía no quiere dar a ningún precio. Según las argumentaciones jurídicas que se manejan en el caso, admitir ahora que invertir en sellos a cambio de una rentabilidad periódica es una actividad financiera, que debería estar supervisada por el Banco de España, sería lo mismo que admitir que existió dejadez a la hora de regularlo, tanto con el PP como con el PSOE. Y de ahí a que un juez declare al Estado responsable civil subisidiario del caso de los sellos, no hay más que un paso.
Economía no quiere que todo se remita al Banco de España con la excusa clásica de que no se puede poner en riesgo todo el sistema financiero por presuntas estafas como ésta. Pero a los abogados de la causa tampoco se les escapa que hace ya ocho años que en la institución bancaria se tuvo conocimiento de que alguno de los gestores de Fórum o Afinsa estaban implicados en casos de blanqueo de dinero. Entonces no se actuó porque no se tenía competencia, pero si se hubiera hecho, es evidente que se habría minorado mucho un mal que ahora afecta a más de 400.000 personas.
Requisitos
Falta por saber si en la nueva redacción del anteproyecto se mantendrá la exigencia de corroborar cada inversión en bienes tangibles con unas escrituras públicas, como se pretendía. La fe notarial era una de las medidas más importantes para garantizar la transparencia de las operaciones y evitar que se invierta en bienes que, a pesar de ser tangibles, sean desconocidos.
La otra clave sobre el contenido será si se obliga a las empresas que se dediquen a este tipo de operaciones a suscribir un aval público o algún tipo de seguro de caución, para que haya alguien que responda en casos como Fórum y Afinsa.
Quizás el punto más espinoso, que es posible que también sea modificado, es definir el organismo que debe velar por el cumplimiento de la ley. Dejar en manos del Ministerio de Sanidad y Consumo la supervisión del sector de bienes tangibles es muy peligroso. "Seguro que lo reconsideran", asegura una fuente del Ministerio de Economía. "Sanidad tiene técnicos para detectar, por ejemplo, si el aceite de oliva que se vende no cumple los estándares de calidad, pero no hay nadie con capacidad para analizar que los contratos de las empresas filatélicas esconden en realidad una actividad financiera".
Fue precisamente esa incapacidad para analizar los enrevesados contratos de Afinsa y Fórum lo que propició que la justicia no actuara antes. Hasta que la inspectora de Hacienda María Teresa Yábar no analizó a fondo esos contratos no se puso de manifiesto la actividad ilícita que escondían. Ahora, hay que intentar que la historia no se repita.