Después de ocho meses de vida, el Real Decreto que regula las ayudas públicas a las entidades financieras se ha transformado en una normativa más benévola para aquellas que acometan una fusión y mantengan niveles aceptables de solvencia. Quintás pide que se acelere la regulación de las 'fusiones virtuales'.
Según el documento publicado por el comité rector del FROB, tras la aprobación de la Comisión Europea a las ayudas españolas, la obligatoriedad de reducir su capacidad productiva, es decir, sus sucursales se limita a aquellas que soliciten un volumen mayor de fondos.
Respecto a la racionalización de la administración y gerencia de las entidades que reciban ayudas, el texto se limita a repetir este objetivo, sin que se traduzca en medidas concretas. La norma se limita a poner condiciones en la política retributiva de la cúpula ejecutiva, remitiendo a los criterios de las recomendaciones de la Comisión Europea, que, por otra parte, deben ser aplicadas por el conjunto del sistema financiero, hayan recibido o no ayudas.
La falta de concreción en este punto ha sido interpretado en fuentes del sector como una manera, en medio de las tensiones políticas que dificultan las integraciones, de animar a los responsables de las cajas a que emprendan fusiones, sin el temor a que puedan ser removidos de sus cargos.
Menos limitaciones
Otro punto que ha levantado suspicacias en otras entidades son las limitaciones puestas a las cajas rescatadas para no vulnerar, ni en el momento de la ayuda ni en los años siguientes, la competencia. Aquí es donde la exigencia de rebajar la fuerza productiva cobra importancia.
La norma difundida por el Frob reserva a las entidades que soliciten recursos que superen el 2% de los activos ponderados por riesgo la obligatoriedad de cerrar sucursales, así como la prohibición de abrir oficinas mientras dure la ayuda pública, un periodo que inicialmente se extiende cinco años.
Sin embargo, para aquellas que pidan recursos más limitados, los casos en que no es necesaria una aprobación especial de la Comisión Europea, no se impone la necesidad de reducir la capacidad productiva y sus restricciones más importantes en relación a la compe- tencia es la de no utilizar los fondos para comprar otras entidades o lanzar campañas publicitarias agresivas.
En la práctica, todas las cajas que ahora están elaborando sus planes de integración, sobrepasen o no el tope del 2% de los activos, contemplan una rebaja en el número de sucursales, si bien sólo las que piden más ayudas tienen la prohibición de abrir oficinas en los próximos años, por lo que nada impide que la red comercial crezca a costa de los recursos recibidos en los ejercicios sucesivos, en los que aún no ha devuelto toda la ayuda pública.
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