Audiencia Nacional investigará estafa de la compañía Agrupación de Capitales

Madrid, 20 mar (EFECOM).- El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional investigará la presunta estafa cometida por el administrador único de la empresa "Agrupación de Capitales" que, entre otras actividades, se dedicaba a la venta de "planes filatélicos" de inversión en Madrid y Castilla-La Mancha.

Así lo indica un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso hoy EFE, en el que se admite un recurso de casación presentado por la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación) para que se inicien las pesquisas sobre la labor del empresario Antonio García de la Mata Bautista de Lisbona, al frente de la compañía.

"Agrupación de Capitales S.A." había sido denunciada, a través de esta asociación, por más de doscientos clientes, que pudieron perder al menos 1,2 millones de euros invertidos en esta sociedad y otras relacionadas con ella, desde su constitución en 1954, como "Instituto Capitalizador Español, S.A.", "Unión General Filatélica S.A." y "Unión General de Valores, S.A.".

La primera demanda penal fue presentada, en marzo de 2005, ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, por presunto delito de alzamiento de bienes, estafa y apropiación indebida, aunque la investigación recayó finalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 1.

Las empresas indicadas, que cerraron sus oficinas a finales de 2004, según los denunciantes, "promovían entre el público la formación de un patrimonio a través de planes de inversión filatélicos y de ahorro, por los que los usuarios abonaban cuotas mensuales durante un plazo de tiempo predeterminado".

"A cambio de ello, al vencimiento de sus contratos, recibían el capital invertido más un alto interés, y en el caso de contratos filatélicos, el capital en valores filatélicos", según ASGECO.

Esta asociación mantiene que el empresario Antonio Mata debe ser juzgado por apropiación indebida y estafa, mientras que el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, considera que estas operaciones fueron "cosa juzgada", ya que hubo una sentencia condenatoria contra el anterior administrador, Eduardo García Poggio, en junio de 2001.

Sin embargo, la Sala de lo Penal ha decidido ahora que el juez Pedraz investigue de nuevo puesto que el negocio de estas sociedades continuó hasta diciembre de 2004, pese a no estar autorizadas como entidades aseguradoras para realizar estas actividades financieras por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En el anterior procedimiento, García Poggio fue condenado por apropiación indebida y hubo de pagar a la aseguradora Aegón, en concepto de indemnización, 25,83 millones de pesetas (155.241 euros). EFECOM

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