El grupo, que tiene 400 locales, inicia las obras en los 30 primeros para separar la zona de humos. La decisión se toma para atender la demanda de los clientes tras año y medio de prohibición
"¡Volveré a comer en Vips!". Eso es lo primero que exclamó una consumidora nada más enterarse de que la cadena de restaurantes madrileña, propiedad de la familia Arango, permitirá de nuevo fumar en sus restaurantes.
El grupo, que tiene ya casi 400 locales en España, prohibió el tabaco desde el 1 de septiembre de 2006, nueve meses después de la entrada en vigor de la ley antitabaco.
Aunque la empresa aseguró entonces que la razón económica no era la más importante, la inversión para acometer las obras de separación hubiera dificultado sus ambiciosos planes de expansión.
En el sector de la hostelería aseguran que las ventas han llegado a caer hasta el 15% por la ley antitabaco, pero en Vips, y a pesar de la decisión adoptada, crecieron un 16,2% en 2006.
Ya han comenzado las obras
Sea cuál sea la razón, la empresa ha decidido, sin embargo, dar marcha atrás y atender la reclamación de sus clientes. Por ello ha iniciado ya las obras en los 30 primeros locales y la idea es extender el proyecto a gran parte de la red. "Hemos atendido la demanda de los consumidores donde era más fuerte.
Se trata, sobre todo, de los locales donde la gente va a comer al mediodía. Otra cosa son aquellos a los que van las familias con hijos pequeños en fin de semana", explica una portavoz del grupo.
Sin malos humos
La medida afectará no sólo a los establecimientos de Vips, sino también a otras marcas de la compañía, como Gino's, Tío Pepe o The Wok. ¿Y los grandes restaurantes? En algunos casos como El Bodegón o Bice sí que se permitirá fumar, pero en otros, como Teatriz o Iroco, seguirá vigente la prohibición.
Aunque por ahora la decisión sólo afecta a Madrid, el grupo Vips ha decidido ajustarse a la normativa estatal y no a la autonómica, que, en lugar de tener que hacer obras, permite que se ponga un biombo para separar la zona de fumadores.
Vips no sólo ha separado perfectamente cada zona, sino que además ha tomado medidas para que el aire en la zona de fumadores sea más respirable. "Estamos colocando aparatos de ozono e ionizadores para romper las moléculas de humo y evitar los olores dentro de estas áreas", aseguran en la compañía.
¿Qué hara la competencia?
Con una facturación anual de casi 400 millones de euros el pasado ejercicio, 120.000 clientes diarios y una plantilla compuesta por más de 8.100 empleados, la decisión de Vips tiene una especial trascendencia por lo que puedan hacer a partir de ahora el resto de sus competidores, especialmente las empresas más pequeñas y los bares y restaurantes de capital familiar.
De momento, la decisión ha sido aplaudida por los representantes de los fumadores.
"Es una decisión extraordinaria porque da cabida a todos. Los fumadores podrán seguir haciéndolo en su zona y el resto en la suya. Se respeta el derecho de todos y se sigue el camino que marca la Unión Europea", asegura Javier Blanco, portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia.
Aunque algunos países como Irlanda o Italia han prohibido fumar en todos los bares y restaurantes, otros, como Bélgica o Portugal han preferido negociar un acuerdo con los hosteleros.
Los problemas de la ley
El problema en España, además, es que la gran mayoría de los bares, restaurantes y cafeterías incumplen la legislación. Según los datos del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo, el 75% de los locales de más de cien metros cuadrados no han hecho obras para separar la zona de fumadores, tal y como marca la normativa, y siguen permitiendo el tabaco. El problema se agrava, además, ante las numerosas incertidumbres jurídicas a las que se enfrentan las empresas y es que comunidades como Madrid o Valencia han optado por suavizar la ley.
En Madrid, por ejemplo se podrá seguir fumando en las cafeterías de centros de trabajo, en las bodas y en otras celebraciones en locales cerrados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender cautelarmente el decreto que desarrolla la ley y que fue recurrido por el Ministerio de Sanidad.
