SEDA BARCELONA
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Los bancos acreedores de La Seda de Barcelona no están dispuestos a dejar más dinero a la compañía si no se produce un relevo en la presidencia. La química catalana está renegociando actualmente un crédito sindicado por valor de 600 millones de euros cuya renovación es esencial para evitar la suspensión de pagos de la empresa.
El préstamo está encabezado por Deutsche Bank como agente y en él participan otras 55 entidades, entre las que se encuentra el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que depende de la Generalitat.
La propuesta que ha realizado La Seda (SED.MC) consite en convertir en capital hasta 150 millones de ese crédito y renegociar los plazo para devolver los restantes 450 millones. La banca acreedora no ve mal esta opción, pero exige que antes de "soltar más dinero" se produzca la dimisión de todos los gestores que protagonizaron la anterior etapa de la compañía.
El principal afectado por esta petición es el actual presidente José Luis Morlanes, que durante los dos últimos años de la presidencia de Rafael Español fue miembro de la comisión ejecutiva y presidente de la comisión de auditoría de la empresa. En esa etapa se produjeron entradas y salidas de dinero en la empresa que no están justificadas, lo que se ha traducido en su descapitalización.
Ante la petición de que cese en sus funciones, Morlanes parece dispuesto a poner el cargo a disposición del actual consejo de adminitración, lo que supondría su cese y facilitaría el acuerdo con la banca. Sin embargo, un portavoz oficial de La Seda consultado por elEconomista admitió la posibilidad de que Morlanes renunciara al cargo, pero aseguró que "sobre ese aspecto todavía no se ha tomado una decisión y todas las opciones siguen abiertas".
El vicepresidente y las casualidades
Por otro lado, el vicepresidente de La Seda, Carlos Gila, ante un requerimiento de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha aclarado que la sociedad que tenía domiciliada en el número cinco de la calle Padre Damián de Madrid, Top Globe, estaba ubicada allí porque era el antiguo domicilio de su asesor fiscal, el abogado Jesús Borque.
Gila asegura que es fruto de la casualidad que en el mismo domicilio residiera uno de los socios de la inmobiliaria Nuevo Sol Granadella, que fue la compañía que recibió 17,4 millones de La Seda y que luego los destinó a comprar terrenos y licencias tecnológicas de la química catalana en una operación que, según un informe de KPMG, es irregular.
Los accionistas piden la dimisión del vicepresidente
