El Gobierno español ha contestado hoy a la Comisión Europea que no tiene previsto retirar las nuevas condiciones impuestas por el ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre a laopa de E.ON sobre Endesa, pese a que Bruselas le había dado de plazo hasta este viernes. Bruselas ha amenazado ya con la "opción" de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas considera que estos requisitos vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento.
Argumentos
En su respuesta al Ejecutivo comunitario, el Gobierno rechaza los argumentos de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, y defiende las condiciones impuestas por el ministerio de industria para garantizar la seguridad de suministro, según informaron fuentes gubernamentales, que consideraron inevitable que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las fuentes consultadas destacaron que "no se trata de una problemática empresarial", puesto que E.ON ya ha aceptado las condiciones del Gobierno, sino una "diferente interpretación del derecho comunitario".
Las nuevas condiciones cuya retirada exigía Bruselas son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON <:EOA.XE:> de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa (ELE.MC) y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
Respuesta de Bruselas
La Comisión Europea ha respondido ya al Ejecutivo español. Ha señalado que hará cumplir las normas comunitarias y que tiene la "opción" de acudir al Tribunal de Justicia de la UE si España no retira las nuevas condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa.
"Si el Gobierno español no retira las medidas, la Comisión está obligada a hacer respetar la legislación comunitaria", ha asegurado Jonathan Todd, el portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd.
Fuentes del Ejecutivo comunitario descartaron, sin embargo, que Bruselas vaya a decidir ya la próxima semana abrir un procedimiento a España por este asunto.
Las fuentes acusaron a España de "desacato" a la normativa comunitaria y recalcaron que si un Estado miembro actúa así no puede esperar que otros países respetan la legislación en casos que también le afectan.
El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Joaquín Almunia, ha recordado hoy en Madrid que "al final son los tribunales los que deciden".
