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Venezuela registra la sede de Iberia en Caracas para encontrar pistas sobre la quiebra de Viasa

IBERIA

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La fiscalía venezolana registró el jueves las oficinas principales de Iberia en Caracas para investigar la "presunta quiebra fraudulenta" de la aerolínea venezolana Viasa, privatizada en 1991. Iberia era el mayor accionista de Viasa, que fue liquidada en 1997 después de cerrar en medio de fuertes deudas.

"La acción (...) fue ejecutada a los fines de incautar documentos, tanto escritos como electrónicos, que pudieran estar relacionados con la presunta quiebra fraudulenta ocasionada a Venezolana Internacional de Aviación S.A (Viasa)", dijo la fiscalía en un comunicado.

No se pudo contactar con responsables de Iberia para hacer declaraciones.

La nota precisó que Rafael García Hernández y Pedro Antonio Echeverría, fueron imputados a principios de noviembre por la fiscalía "por la presunta comisión de los delitos de quiebra fraudulenta (...) y aprovechamiento de fondos públicos", sin precisar mayores detalles.

La fiscalía informó además que envió una carta al Gobierno español para imputar al ex presidente de Iberia, Xavier de Irala.

La empresa española poseía el 45 por ciento de Viasa, el estatal Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) el 40 por ciento y el local Banco Provincial, el 15 por ciento, en un fideicomiso.

El gobierno de entonces intentó capitalizar a Viasa en varias ocasiones, mientras acusaba a Iberia de ser una "pésima administradora" y de llevar a la quiebra a la asociación.

Venezuela, propietaria de las rutas internacionales de Viasa, intentó establecer una nueva línea bandera durante años, pero sólo lo concretó el Gobierno del presidente izquierdista Hugo Chávez en 2004 cuando creó Conviasa.

Chávez ha aplicado políticas nacionalistas en Venezuela, cuya economía se ha visto beneficiada por ingentes recursos obtenidos por los altos precios internacionales del petróleo, su principal producto de exportación.

El presidente ha amenazado en ocasiones con revertir algunas privatizaciones realizadas en la década de 1990, por considerar que fueron realizadas con malas condiciones para el país

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