Hace años que el tercer sector es consciente de la relevancia que tiene la transparencia para conseguir confianza social, pero es ahora cuando la repercusión de la crisis económica en la gestión política, promueve una serie de cambios, a todos los niveles de la sociedad, que en años anteriores, nadie hubiera imaginado que fueran posibles. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Fundaciones
En este sentido, el pasado 29 de agosto el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Fundaciones, que sustituirá a la vigente Ley 50/2002 y el 10 de diciembre entró en vigor la llamada Ley de Transparencia. Dos normas que van a suponer un importante cambio en el funcionamiento de las fundaciones.
En primer lugar, la exigencia de una mayor transparencia en las fundaciones, que estarán obligadas a publicar una serie de contenidos relevantes en su web corporativa; en segundo lugar, la responsabilidad de los patronos en el desempeño de sus cargos y el impulso de códigos de buen gobierno y por último, la preocupación por la sostenibilidad económica de las funda- ciones concretada en la protección especial a la dotación o capital fundacional.
Por ello, este 2015 una gran parte de entidades se enfrentarán a la tarea de cumplir con los requisitos de las leyes de transparencia.
Pedir información, todo un reto
Cuando se habla de transparencia hay que estar muy seguros de que se podrá demostrar. Recurrir a ella puede traer más problemas que beneficios si no se es transparente al 100 por cien. En el caso del Portal de Transparencia español, que el Gobierno lanzó en diciembre, en cumplimiento de la Ley que aprobó hace un año y con la que España dejó de ser el único país de Europa sin una norma que facilitara el acceso de los ciudadanos a la información pública, a pesar de hacer públicos casi medio millón de datos, las limitaciones tanto en el acceso a la información como en el periodo sobre el que se pueden solicitar, ha elevado las críticas de algunas organizaciones.
En primer lugar, el portal excluye la posibilidad de solicitar información para extranjeros, con la excepción de contados países de Europa para algunos de los cuales los hipervínculos ni siquiera funcionan. Y en segundo lugar, el proceso habilitado para enviar una solicitud es un calvario: es necesario rellenar un formulario en el que se exige la identificación. Hay tres opciones para eso: tener un lector de DNI electrónico -poco común-, haber solicitado el certificado digital -es necesario hacerlo en una oficina de la Administración- o usar el sistema Clave, que obliga a los usuarios a indicar el número de cuenta bancaria que usa para pagar sus impuestos y a pasar por una oficina de la Agencia Tributaria o esperar la llegada de un código por correo postal.
Todos estos obstáculos chocan con el anuncio del Consejo General del Poder Judicial que no exige ningún tipo de identificación para acceder a la información ya que, según consideran, "es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso", tal como expuso el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.
Trabas y limitaciones
El Portal falla, además, en la comunicación bidireccional: no figura un teléfono, una dirección de correo electrónico o un formulario que permita ponerse en contacto con los responsables del portal para consultar dudas o referir errores.
Los portales de datos abiertos de otros Gobiernos, como el de EEUU o Reino Unido, ofrecen una navegación más intuitiva y un lenguaje más asequible para el ciudadano medio. Además de un catálogo de datos disponibles considerablemente superior y en formatos reutilizables.
En este sentido, el interés que mostraba la ciudadanía por el Portal de la Transparencia se ha hundido en los tres meses y medio que lleva activo. La página web que recoge los datos económicos e institucionales de la Administración ha perdido miles de visitas desde su lanzamiento. En el último mes sólo se han visto 187.00 páginas, frente al millón de visitas que recibió en las 48 primeras horas de su funcionamiento.
Actualmente, la entidad encargada del funcionamiento del portal es la Otai -Oficina de Transparencia y Acceso a la Información-, situada en el Ministerio de la Presidencia. Desde esta oficina afirman que el total de visitas al Portal de Transparencia es de 349.000, número que se refiere a los usuarios únicos, es decir, a los que han entrado una vez en un día. Además, el Gobierno esperaba un aluvión de peticiones de información sobre contratos y personal, pero lo cierto es que en poco más de tres meses, el número de solicitudes no llega a las 1.200, siendo la información económica y presupuestaria la más demandada.
Asimismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy planeó una campaña para dar publicidad a la página web en la que se volcaron los datos relativos al año 2014. El presupuesto total para la herramienta era de 1,4 millones de euros, de los que 300.000 se invirtieron en su propio desarrollo. Un diseño web que ni siquiera es Responsive, esto es, que se adapta a dispositivos móviles. Más del 60% de las búsquedas en Internet en España se realizan a través de smartphones y tabletas -cifra que crece cada día- y el Gobierno diseña una herramienta obsoleta que no sirve para que el 60% de los internautas la usen.
