El presidente de la gran patronal CEOE, Juan Rosell, tiene ya agujetas en la boca de repetir la cifra: hay más de cien mil leyes en España que conforman un desquiciante laberinto para que las empresas operen en condiciones de igualdad y competitividad con las del resto del mundo. ¿En qué se traduce? La propia organización, apoyándose en todos sus asociadosen España, actualizó a noviembre pasado el catálogo de las principales distorsiones que provoca esta madeja normativa y que afecta especialmente al sector de la industria agroalimentaria, la distribución en general y el sector de la construcción y actividades auxiliares. Los más perjudicados, claro, las empresas más pequeñas y los autónomos que tienen menos músculo para saltar todas esas barreras.
El anteproyectode ley de Unidad de Mercado, aprobado hace dos semanas en el consejo de ministros, pretende poner fin a estos abusos legislativos mediante una detallada enumeración de circunstancias y la instauración de dos grandes principios: el de eficacia, que dota de validez estatal a las decisiones tomadas por cualquier administración territorial; y el de no discriminación a ninguna empresa o autónomo en función de su lugar de residencia o establecimiento.
Escepticismo
Consultados empresas y dirigentes patronales de todos los sectores citados, la sensación a la espera de que se apruebe la ley definitiva es básicamente la misma: la iniciativa es en general positiva pero, ¿será de verdad esta la ocasión para acabar con las múltiples trabas internas? El empresariado español se pregunta en definitiva si estamos o no en 2013 ante el verdadero año cero para la creación por primera vez en democracia de un mercado único real.
Las Cámaras de Comercio reaccionaron el mismo viernes de la aprobación del anteproyecto, ahora en audiencia pública, y saludaron que la iniciativa facilitará la libre circulación de bienes y mercancías. "Reduce el denominado coste regulatorio, libera inversión y facilita la creación de empresas y la generación de empleo".
No obstante, desde la Confederación de Cámaras dan muestras de cierto escepticismo en cuanto a las previsiones de crecimiento económico (1,5 por ciento acumulado en una década) que contiene el texto, debido a la situación de retraimiento de la demanda interna, que deja en el sector exterior prácticamente la única alternativa de crecimiento.
Por su parte, el secretario general de la patronal alavesa SEA, Josu Ugarte, reconoce que "lógicamente todo lo que sea eliminar trabas administrativas favorece el intercambio comercial con otras comunidades autónomas. A priori eso es bueno", pero hablar de incrementos del PIB "me parece aventurar excesivamente".
La misma prudencia en torno a esa cifra de aumento de la riqueza nacional en una década muestra Cepyme. "Lo que se ha de tener en cuenta sobre el impacto económico que presenta la memoria del anteproyecto es que estas medidas generan un efecto muy favorable sobre la productividad total de los factores y elevan por lo tanto el crecimiento potencial de la economía, que es al que hace referencia el 1,5 por ciento en diez años. Serán las circunstancias coyunturales de la demandalas que determinen el crecimiento anual del PIB".
Tanto esta organización hermana de la CEOE, como la patronal autonómica de Aragón, CREA, coinciden en señalar como altamente positiva la creación de una plataforma estatal común de contratos del sector público, que abarcaría a todas las administraciones y no sólo a la Estatal como hasta ahora. Desde Cepyme se va más allá y se precisa: "La centralización de la información de la contratación del todo el sector público debe ir acompañado de una ventanilla única en el que se aplique el principio de only once, es decir, que para cualquier acto administrativo se evite que las administraciones soliciten información a las empresas que ya está disponible en las mismas. De igual forma, es conveniente la armonización en la publicación que cualquier normativa y acto administrativo relacionado con la contratación aplicando las CCD's:Common Commencement Dates o fechas únicas de publicación de requerimientos técnicos, concursos, licitaciones, convocatorias públicas para subvenciones".
Por barrios
Un registro unificado que, sin embargo, no convence por sí sólo al sector constructor. Fuentes empresariales que prefieren mantener el anonimato creen que "un registro único como tal" no ayuda a la unidad de mercado. Y ello porque, por ejemplo, una de las grandes problemáticas en esta actividad radica en que los contratos similares del ámbito laboral en España no tienen los mismos derechos y obligaciones, loque se traduce en una fiscalidad diferente dependiendo de cada comunidad autónoma. Ello con independencia, por ejemplo, de las 19 normativas diferentes para construir VPO contabilizadas por CEOE.
El propio anteproyecto, en su exposición de motivos, señala seis sectores a los que una simplificación administrativa favorecería especialmente: telecomunicaciones, energía, distribución, turismo, construcción y transporte. En este último, desde la patronal Fenadismer entienden que el texto conocido "se queda corto ya que es fundamental una unidad fiscal real". El denominado céntimo sanitario, gravamen autonómico que puede encarecer hasta cinco céntimos el litro de combustible, acapara las protestas del colectivo. "El guirigay es tan descomunal comodiscriminatorio, ya que en algunas regiones no se aplica, en otras se devuelve total o parcialmente a los camioneros e, incluso, en Cataluña, sólo pueden recuperar el dinero adelantado los oriundos de esa comunidad".
Intrusismo
El presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, subraya no sólo esas enormes "diferencias fiscales" que hay en nuestro país y que alcanzan al "dumping social" que provoca que en unos territorios los salarios sean mayores que en otras aunque, sino que advierte de que la "unidad de mercado no sólo se rompe en España". Y ello por la "competencia desleal que están haciendo muchas empresas de transporte extranjeras, que no tienen que asumir los costes laborales que existen en España".
Por su parte, el secretario general de Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Miguel Ángel Valverde, pone el acento en el "intrusismo" que puede generar unamayor desregulación del sector cuando el anteproyecto de ley habla de que una licencia es válida para todo el territorio nacional.
Misma valoración, incluyendo una de cal y otra de arena, se hace desde la asociación que integra a las grandes empresas de telecomunicaciones Telefónica, Vodafone, Orange y ONO (Redtel). Primero muestra su satisfacción por el avance del anteproyecto de ley, ya que valora muy positivamente el espíritu del anteproyecto. En una entrevista reciente del presidente de Redtel, Francisco Román, en elEconomista, ya indicó que "igual que no nos parecería lógico que un yogur tuviera fechas de caducidad distintas en función de cuál sea la comunidad autónoma o el ayuntamiento en que se comercialice, para el despliegue de redes de telecomunicaciones la normativa debe ser homogénea".
Cerca del 80 por ciento de los costes de despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones corresponde a obra civil y, según Redtel, en este coste "un alto componente" proviene de "la carga burocrática que suponen la heterogeneidad de normas urbanísticas, de ordenación del territorio o medioambientales de las diversas comunidades y municipios". Desde el ministerio de Industria se estima que el nuevo espectro adjudicado conllevará inversiones de más de 1.200 millones y la creación de 40.000 empleos.
Ahora bien, según Redtel este esfuerzo inversor debe ser acompañado "de un marco que fomente el despliegue y no lo frene, ya que las diferencias normativas discriminan a unas poblaciones frente a otras, y la calidad del servicio se puede ver afectada por ello".
En otro de los sectores identificados como estratégicos, el energético, preocupa más la caída de la demanda y la legislación específica que les afecta, y su escepticismo tiene más que ver con que una ley de mercado único tenga algún efecto sobre su problemática singular. Especialmente en el casodelas energías renovables.
Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), su director de políticas energéticas, Heikki Willstedt, señala que en este sector "ahora mismo no hay un mercado único, porque la tramitación de los parques depende de las comunidades autónomas. A falta de un análisis en profundidad de este anteproyecto de ley, que es muy general y precisa interpretación, lo que sí podemos decir es que nos gustaría que el espíritu de esta ley se trasladase en una normativa concreta para nuestro sector, demodoque fuésemos hacia un mercado único en el que se eliminasen las diferencias en la tramitación de los parques eólicos entre comunidades".
Diferencias que se han generado por los concursos eólicos que exigen contraprestaciones a las empresas para conseguir las autorizaciones administrativas para instalar parques. "La experiencia pasada con los concursos autonómicos en los que se piden contraprestaciones no relacionadas con el sector, lo que encarece las inversiones, ha sido en su mayor parte negativa. En la mayoría de las comunidades que los han convocado no se ha construido ni un solo parque de los previstos".
Unidad sectorial previa
Precisamente uno de los artículos del anteproyecto recoge expresamente que no se podrán solicitar a los agentes económicos inversiones previas en los territorios sobre los que se legisla cualquier materia para poder hacer negocios.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) tampoco tienen muchas esperanzas de que esta ley pueda contribuir a solucionar los problemas del sector. Afalta de conocer el marco legislativo definitivo, fuentes de la asociación señalan que el sector tiene que hacer frente a trabas en las tramitaciones de las instalaciones porque hay variaciones de una comunidad a otra y lugares como Cataluña, Baleares, Extremadura o Castilla y León ya tienen, en concreto, legislaciones específicas en el segmento del autoconsumo eléctrico, al que la fotovoltaica fía buena parte de sus expectativas de crecimiento futuro. En este sentido, apuntan a que debe haber unidad normativa previa que afecte a este sector concreto de las renovables.
Un peldaño más arriba respectoa este escepticismo generalizado se sitúa la patronal de las grandes superficies comerciales, Anged. Sostienen que el anteproyecto no se refiere a las dos mayores reivindicaciones del sector, que son los permisos de apertura y los horarios.
Ambas cuestiones fueron reguladas en 2010 y 2012, respectivamente, por otras normativas supuestamente unificadoras de la legislación que no dejaron satisfechas a las grandes superficies. En concreto, señalan que la Ley del Comercio Minorista mantenía los regímenes de autorización especial para grandes formatos, regímenes que fueron aprovechados por las comunidades autónomas para seguir con el sistema de doble licencia. Según fuentes de Anged, el anteproyecto no entra en este asunto, comotampoco añade nada al de los horarios, por lo que el máximo de festivos hábiles para el gran comercio lo seguirá marcando cada comunidad, con el mínimo de 10 domingos o festivos establecido en la ley marco el año pasado.
Pulso político
Desde Cataluña, opinión divergente desde la empresa y desde la política, embarcada como está la Generalitat en su pulso soberanista. La patronal catalana Foment del Treball defiende la nueva norma que prepara el Gobierno con el argumento de que permitirá reducir los costes a las empresas y rebajar la sobrerregulación. "Se está creando una cantidad de normativa y papeles a elegir que no es posible. Se debe dosificar, crear unidad y es muy importante que se haga en el ámbito europeo" explica Gay de Montellà, presidente de Foment.
Además, el anteproyecto nomodifica el estatus actual en relación al uso de las lenguas autonómicas, pero los empresarios catalanes no ven en el idioma un problema ya que casi todos ellos han realizado ya el esfuerzo necesario para realizar el etiquetado en las dos lenguas.
Por su parte, el conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig, adviertede que la Generalitat se opondrá a "todo lo que signifique un excusa para disminuir el poder político de Cataluña". Puig considera que esta ley no persigue solo mejorar la economía en general, sino "incidir, laminar y disminuir" la capacidad de decisión de Cataluña. Sin embargo, CiU no ha expresado un rechazo taxativo a esta ley.
Un ahorro de 3.000 millones
