Empleo propone sanciones y un buzón de denuncias para combatir el fraude.
Aunque las acciones formativas en España llegan a 460.000 empresas, sólo en la formación bonificada, y de ellas se benefician casi cuatro millones de trabajadores, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconoce que "el esfuerzo que ello ha supuesto ha sido claramente ineficiente, pues la mayor inversión en formación no se ha visto reflejada en una mejora de los niveles de cualificación de nuestra población trabajadora, con el negativo impacto que ello tiene en las oportunidades de formación y empleo de los trabajadores menos cualificados".
De hecho el borrador del proyecto de reforma de la formación, que el Departamento que dirige Fátima Báñez ha entregado patronal y sindicatos recoge diversos estudios realizados por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) que indican que para el año 2020 las necesidades de cualificación para los puestos de trabajo en Europa corresponderán en un 50 por ciento a niveles medios, un 35 por ciento a niveles altos y sólo el 15 por ciento a niveles bajos de formación.
Frente a estas necesidades en España la radiografía de los niveles formativos se aparta de esta estructura, dado que un 35 por ciento de la población tiene un nivel alto de cualificación, y sólo un 23 tiene un nivel medio, mientras que el 42 por ciento restante tiene un nivel de cualificación bajo.
El borrador, de Empleo, bajo el epígrafe "Avanzando hacia un nuevo modelo de Formación" expone que esta situación "exige adoptar medidas basadas en una prospectiva general del futuro del sistema productivo, en la detección de los requerimientos cada vez mayores de cualificación, que respondan a la innovación que exigen nuevos sectores y ocupaciones emergentes y a las necesidades específicas de los distintos colectivos".
Lucha contra el fraude
Especial hincapié hace el Ministerio en la necesidad de potenciar las acciones de seguimiento y control y establecer mecanismos para combatir los casos de fraude o malas prácticas. Para evitarlo el documento insiste en "reforzar la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en caso de incumplimiento que asegure un justo reparto de responsabilidades".
Como complemento, considera " deseable dotar de mayor visibilidad a los canales de denuncia de estas situaciones fraudulentas y mejorar el conocimiento existente en el mercado, para que aplique su propia penalización". Su refuerzo se considera que es especialmente relevante para promover una cultura preventiva entre las empresas más pequeñas.
En este sentido propone crear "unn buzón de denuncias gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo podría aportar vías ágiles para la transparencia y publicidad de estas situaciones". Asimismo recomienda una labora proactiva desde la Administración en coordinación con entidades, empresas o Cámaras de Comercio
Por otra parte, apunta que la cofinanciación por parte de la empresa en las actividades de formación y la financiación mediante anticipo parcial, favorecen la política formativa, su adecuación y eficacia, así como el control de las actividades.
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