
Los recursos con los que cuentan las entidades locales proceden, en su mayoría, de los tributos y precios públicos que gestionan -que representan casi la mitad del total-, las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades, así como de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
Por entes, el 73,6% del ingreso total de las entidades locales corresponde a los municipios y el 26,4% restante a las provincias e islas.
Como indicador de la autonomía financiera de los municipios, la importancia relativa de sus propios ingresos (tributos propios e ingresos patrimoniales) alcanza el 46,3% de los totales.
En el caso de las diputaciones provinciales de régimen común sus ingresos propios suponen el 21,7% de sus recursos totales.
El modelo actual de financiación local viene regulado por la Ley de Haciendas Locales, que se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
Las fuentes más relevantes
En los últimos ejercicios, los ingresos más relevantes de los municipios son las transferencias de capital, debido a la situación excepcional derivada de la ejecución del Fondo Estatal de Inversión Local, las transferencias corrientes de la administración general del Estado y el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
Este último impuesto supone el 57,3 por ciento de los ingresos por esos conceptos. Así, de los 17.334 millones que recaudan los municipios en impuestos directos e indirectos, 9.937 se ingresan por este tributo.
Las entidades locales reciben 34.743 millones de euros en transferencias:
- El 63,5 por ciento (22.075 millones) de la Administración General del Estado.
- El 24,5 por ciento (8.529 millones) de las comunidades autónomas.
La reivindicación de un nuevo modelo de financiación local que recomponga las maltrechas arcas de los ayuntamientos y diputaciones es uno de los pocos asuntos en los que coinciden la gran mayoría de los políticos locales, cansados de reclamar lo que parece que nunca llega.
Una de las principales demandas de los alcaldes, que apoya la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es que los ayuntamientos tengan la posibilidad de participar en los ingresos de las comunidades como establece la Constitución.
La FEMP defiende además que el nuevo modelo cuente con recursos adicionales al fondo incondicionado actual que proviene de la participación en los ingresos del Estado, al menos en la misma proporción y medida que lo haga con las comunidades autónomas.