Los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el plan de pago a proveedores, seguirán activos. El hecho de que la aprobación de los Presupuestos de 2018 se antoje difícil no impide que el Tesoro los mantenga vivos destinándoles prácticamente el mismo volumen de recursos que en 2017 (casi 28.000 millones de euros).
Así, el capital liberado por estas vías en los últimos siete años supera ya los 200.000 millones. Tan abultada cifra es el resultado de dejar abiertas unas inyecciones de liquidez, creadas en lo peor de la crisis, para paliar unas tensiones de tesorería que se presumían pasajeras. Sin embargo, lejos de desaparecer, el FLA y sus mecanismos afines presentan una longevidad que resulta muy difícil de justificar en el actual contexto.
No en vano el despertar económico es un hecho desde hace años y los Ejecutivos regionales han visto incrementarse sus ingresos. Pero aún más decisivo es el hecho de que los mercados internacionales de deuda vuelven a estar abiertos para las autonomías, de modo que, hace un año, llegaron a captar 16.500 millones por sí solas.
La única razón para la pervivencia del FLA parece ser la facilidad que ofrece a los Gobiernos autonómicos para obtener la liquidez adelantada que les permite cumplir con los plazos de pago que la ley impone a las Administraciones. Pero, mientras, la deuda que las autonomías acumulan con el Estado no deja de crecer.
Hacienda ya considera incobrable la mayor parte del pasivo y se plantea una condonación. Sin embargo, la verdadera solución no consiste en quitas, sino en acabar con el sinsentido de eternizar unos mecanismos de ayuda que se plantearon como excepcionales.
