El Canal de Isabel II celebra mañana su primera junta general de accionistas posterior a la puesta en marcha de la llamada Operación Lezo. Éste es el nombre de la investigación abierta por la Guardia Civil sobre el presunto desvío de fondos públicos que protagonizó la antigua cúpula del Canal, relacionado con la compra de empresas en Latinoamérica.
Entre ellas, está la brasileña Emissao, que desempeña un papel fundamental en las pesquisas que han llevado a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González. De hecho, su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes, denunció ante la Fiscalía el pago de un supuesto sobreprecio por Emissao y esa denuncia es la que levantó las sospechas más importances sobre el proceder de González cuando dirigió el Canal.
Ahora bien, el análisis de las cuentas que la empresa pública mostrará a los accionistas sitúa la valoración de Emissao en 28,4 millones, es decir, un 30% más de lo que el Canal pagó por ella en 2013. Sin duda, resulta difícil entender cómo es posible una mejora contable de tanta envergadura, en una empresa por la que, supuestamente, se pagó un precio inflado con respecto a su valor real. Por supuesto, dicha discrepancia no sirve para exonerar a González.
Es todavía posible que en la compra de la Emissao se produjera el desvío de fondos públicos señalado por las autoridades que investigan el caso, y a los jueces corresponde aclarar ese extremo. Sin embargo, la contradicción en la que el Gobierno autonómico madrileño incurre, en lo que respecta a la valoración de la filial, genera desde ya importantes interrogantes. Cifuentes debe explicar en qué datos se basaba la denuncia que presentó ante la Fiscalía hace un año.
