Los inversores de todo el mundo apuestan cada vez más por los ETF. Estos son fondos cotizados que replican el comportamiento de índices bursátiles. Ahí radica uno de sus atractivos: su gestión es pasiva y genera comisiones más bajas que las propias de los fondos tradicionales. Estos, sin embargo, tienen una tributación más ventajosa, evidente al hacer traspasos. Así, un inversor puede vender participaciones de un fondo para comprar las propias de otro, acumulando los beneficios sin tener que declararlos.
Pasar de un ETF a otro, por el contrario, equivale a vender acciones, lo que implica que debe tributarse, con tipos de hasta el 23%, por las plusvalías. Pero hay excepciones, ignoradas a menudo por el inversor, pese a que este producto lleva 10 años disponible en nuestro país. No en vano los ETF que no cotizan en España tributan como fondos tradicionales; lo confirmó Hacienda en respuesta a una consulta de una gestora extranjera. En este contexto, podría alegarse que existe una discriminación hacia los ETF que sí cotizan en España.
No puede extrañar que BME presione para acabar con el desequilibrio y reclame a Tributos que también ellos sean considerados fiscalmente como fondos. Es difícil augurar aún qué recorrido tendrá el propósito de BME, pero es ya indudable que es adecuado, pues resulta incomprensible que existan dos regímenes fiscales tan dispares para un solo producto. Eliminar esa discrepancia exigirá cambios logísticos y, posiblemente, topará con la resistencia de la industria. Pero ésta necesita un revulsivo. Menos del 10% de los fondos de gestión activa que invierten en bolsa europea baten al mercado. Una mayor competencia de los ETF les incentivará a mejorar esos resultados.
