Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda muestran cómo las comunidades autonómas elevan de nuevo el plazo de pagos a sus proveedores. En concreto, los 61 días de media que tardaron en noviembre a la hora de hacer sus desembolsos implican un incremento de 21 jornadas con respecto a junio y suponen un máximo en la corta historia de esta estadística.
El alza generalizada tiene que llamar la atención en un contexto en el que las autonomías han seguido contando con ayudas por parte del Estado, diseñadas precisamente para hacer frente puntualmente a estas obligaciones. Pero, en este contexto, resulta aún más llamativo el hecho de que haya hasta seis territorios en los que el periodo de pago supera los 100 días, con picos muy notables como los 138 que corresponden a Extremadura.
No puede considerarse casual que esta autonomía, como la mayoría de las máximas incumplidoras, se encuentren en manos de Gobierno fraguados mediante coalición de los socialistas y de las marcas regionales de Podemos, tras las elecciones del pasado mes de mayo. Dichas alianzas tuvieron un precio, en la medida en que se consolidaron bajo la condición de desplegar ambiciosos programas sociales que, paradójicamente, parecen tener como contrapartida el castigo a los proveedores, haciendo resurgir uno de los problemas que en mayor medida caracterizaron a la anterior legislatura.
La incapacidad gestionadora de este tipo de Ejecutivos se hace ya, por tanto, manifiesta a escala autonómica y constituye todo un aviso de lo que podría suponer una coalición semejante, en el Gobierno central, en un momento en el que el sector público en su conjunto aún tiene que embridar sus cuentas.
