El sector de la televisión privada, sobre todo sus dos pesos pesados (Mediaset y Atresmedia), se encuentra en vilo ante un posible nuevo cierre de canales decretado por el Supremo. La clausura afectaría a marcas tan conocidas como Divinity, FDF o Discovery, y resultaría comprensible en la medida en que su explotación no es resultado de un concurso público. Muy al contrario, se trata de un total de ocho canales repartidos con carácter transitorio, entre 2005 y 2010, cuando en España la TDT se estaba implantando. Sin embargo, las televisiones quieren convertir una medida excepcional en una disposición casi permanente, recurriendo incluso a presiones manifiestas sobre el Gobierno.
No en vano el Ejecutivo tiene a su alcance desactivar el posible revés del Supremo haciendo cambios en la Ley de Comunicación Audiovisual, de manera que las licencias ahora cuestionadas queden en manos de sus actuales beneficiarios por 15 años más sin someterse a concurso. Si ese cambio normativo se materializa, significará que el Gobierno se ha avenido a legislar ad hoc en beneficio de intereses particulares generando, con ello, una peligrosa inseguridad jurídica.
No puede ser otro el resultado cuando se cambian las reglas del juego una vez iniciado el partido. Sin embargo, lo realmente grave estriba en que el Gobierno seguirá alimentando la posición de fuerza de Mediaset y Atresmedia, que les permite funcionar como un verdadero duopolio en el mercado de la publicidad televisiva. Por grande que sea su influencia pública, especialmente valiosa en un año electoral como el presente, el Ejecutivo debe hacer frente a las presiones y evitar todo subterfugio que socave la autoridad del Supremo.
