El escándalo destapado por elEconomista, relacionado con la ingeniería fiscal aplicada por Pablo Iglesias en la gestión de su productora audiovisual, está generando un justificado revuelo político. Es lo que cabe esperar teniendo en cuenta la gravedad de los hechos revelados por este diario. No en vano, hacer pasar una empresa por una asociación sin ánimo de lucro constituye un delito. Y no es otra cosa lo que el secretario general de Podemos hizo con su productora Con Mano Izquierda (CMI), ya que, mientras lograba que Interior la reconociera como agrupación altruista, en paralelo, desde el mismo nacimiento de CMI en 2011, publicitaba en Internet sus "bajos costes" y animaba a "solicitar presupuesto".
No se excedió el diputado del PP Antonio Gallego al describir este doble juego, en funcionamiento durante dos años, como la construcción de un "paraíso fiscal particular", diseñado, precisamente, por un político que ha hecho bandera de la lucha contra los privilegios tributarios. Pero la credibilidad política del líder de Podemos es lo de menos en este caso.
Más importante es la "competencia desleal", como destaca el diputado Carlos Martínez, de UPyD, de la que se aprovecha una empresa que se viste de asociación cultural y, sobre todo, el fraude a las arcas públicas que implica beneficiarse de reducciones en el pago de Sociedades y en el Impuesto de Actividades Económicas, al tiempo que se llevan a cabo operaciones comerciales. Es posible que Hacienda ya esté investigando este caso (la confidencialidad de los afectados obliga a no confirmarlo). Pero, si no es así, debe escuchar los llamamientos lanzados ya por instancias como el PP, y poner su lupa sobre las actividades de Iglesias.