El fraude fiscal por IVA, Sociedades e IRPF supone unos 40.000 millones de euros. Sólo el Impuesto sobre la Renta supone la mitad de ese agujero, sin cuya existencia se cubriría buena parte del déficit público, se podría reducir impuestos y reactivar la economía. Los políticos dicen que la lucha contra el fraude es su prioridad, pero no es cierto a pesar de que la inversión en dotar de medios a la Agencia Tributaria se rentabiliza vía mayores ingresos. El fraude se alimenta con la corrupción política, que da argumentos a los defraudadores y desincentiva a los cumplidores. En la próxima reforma fiscal, el Gobierno debería mejorar los medios de la Agencia Tributaria, actuación que pasa ineludiblemente por independizarla del Ejecutivo.