Ayer se conocieron las quitas que se van a aplicar a los preferentistas de Novagalicia y CatalunyaBank -hasta un 68%- y al igual que en Bankia, significa que prácticamente han perdido su inversión. Estos ahorradores quieren saber a quién pueden pedir responsabilidades por el descalabro sufrido. Se sienten engañados y en un buen número de casos parece que así fue. La operación de las preferentes se llevó a cabo con el conocimiento del Banco de España y el silencio de la CNMV, que permitieron a las cajas comercializar estos títulos, ligados al capital de las entidades, entre sus clientes. Se ideó equivocadamente como una alternativa frente a la imposibilidad que tenían las cajas de ampliar capital en el mercado.
Ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de UPyD contra seis responsables de la emisión, comercialización y gestión de preferentes en Bankia. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no se plantea ejercer la acusación pública, argumenta que no hubo estafa en la venta de estos productos. Ni siquiera cuando son conocidos numerosos casos de clientes -personas mayores o sin conocimientos financieros-, que no tenían idea de lo que compraban, ni se les informó sobre el riesgo de su inversión. Su error fue confiar en su caja de toda la vida. Curiosamente, el juez Andreu deja fuera de la investigación al exgobernador Fernández Ordóñez y al expresidente de la CNMV, Julio Segura. Considera que no colaboraron en la comercialización de preferentes. Pero Fernández Ordóñez sí autorizó su comercialización y Segura no veló por la transparencia del mercado. Para buscar responsabilidades, y es de justicia que se haga, hay que empezar por la cúpula y seguir hacia abajo sin dejar ningún resquicio.
