La Junta de Andalucía proyecta expropiar temporalmente a las entidades financieras las viviendas subastadas para evitar su desalojo. La medida afecta al derecho a la propiedad. En principio es el Estado quien tiene capacidad para regular sobre esta materia, al igual que sobre los procesos de expropiación. Por lo cual es muy probable que el Gobierno la recurra, aunque se avecina una ardua batalla jurídica. La ley establece que la expropiación exige adquirir el bien libre de cargas y fijar un justiprecio que deberá pagar la Junta. Todo apunta a una valoración mínima con el argumento de que se trata de un bien dañado. Una solución populista y polémica -también se gravan los pisos vacíos y se excluyen los de las Administraciones- y de eficacia más que dudosa.
