Competencia estudia mañana la decisión del Banco de España de limitar la rentabilidad de los depósitos, pagarés, cuentas y bonos. Esta medida es una intervención inasumible, que ha puesto en alerta a la institución que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós y que podría desembocar en la apertura de un expediente sancionador por vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia. Por lo pronto, se iniciará un seguimiento de la concertación en la oferta, motivada por la reducción simultánea en once entidades de la retribución de depósitos, a causa de la advertencia del supervisor.
Esta caída de las retribuciones beneficia a las entidades financieras extranjeras -que operan en España a través de una sucursal y están reguladas por los bancos centrales de sus países de origen- en detrimento de las españolas, principalmente medianas y pequeñas. Pero a quien perjudica especialmente la decisión de la institución que preside Luis Linde es a los pequeños inversores. Las decisiones de los próximos días pondrán a prueba, una vez más, el grado de independencia del poder político de la propia Comisión de Competencia y del Banco de España.
Desgraciadamente las injerencias gubernamentales en estas y otras instituciones, como la CNMV, no son novedosas. Tienen una explicación bastante lógica: Economía designa a una parte de sus consejeros, y el nombramiento del gobernador y el subgobernador del BE se hace por acuerdo de los principales partidos. La tentación de influir desde la política es tan evidente como la necesidad de cambiar el sistema. Ordóñez protagonizó una etapa nefasta para el Banco de España y Linde no ha tomado nota de la lección. Es obligación de Competencia recordárselo.
