La industria cultural, los grandes medios de comunicación, las televisiones de pago y la Liga de Fútbol Profesional se han unido para presentar una serie de enmiendas al proyecto de Ley de la Propiedad Intelectual que se tramita actualmente en el Congreso.
Prisa, Mediapro, Unidad Editorial, Planeta, Atresmedia, Vocento, Bertelsman, la SGAE y la LFP, entre otras, van a solicitar esta semana al Gobierno de Mariano Rajoy que incluya tres modificaciones en la citada ley contra la piratería que buscan agilizar el bloqueo de las webs ilegales a través de los operadores de telecomunicaciones e incluir en la misma los contenidos audiovisuales, como el fútbol.
Está previsto que las modificaciones se presenten tras la clausura del foro Cultura en Red que organiza Bertelsmann estos días y en el cuál Antonio Fernandez Galiano, consejero delegado de Unidad Editorial, reconoció que "ha sido un tremendo error moverse en el terreno de lo gratuito" en los medios de comunicación. También han participado Fernando Carro, presidente de Bertelsmann España, Jose Luis Elías, director general de grupo Planeta, y José Luis Sainz, consejero delegado de Prisa Radio. Todos han coincidido en reclamar más educación y un marco legal estable para acabar con la piratería.
Las enmiendas a la ley
La primera enmienda solicita que se "amplíe la protección de los contenidos de prensa, audiovisuales y dispositivos físicos, asignando de manera explícita la tutela de la emisión de contenidos audiovisuales a la sección segunda". Es decir, los grandes grupos, entre los que también está Atresmedia, piden que la ley no sólo proteja la propiedad intelectual y que, a diferencia de lo que ocurre, también se incluyan contenidos audiovisuales, como el fútbol.
El objetivo de esta medida es que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, que es la encargada de detectar webs ilegales y solicitar su cierre, también pueda perseguir a páginas como Roja Directa, que piratean derechos deportivos. "Las televisiones están desprotegidas. Pagan millones por los contenidos y estos se pueden piratear", explican fuentes conocedoras de las enmiendas.
La segunda modificación persigue agilizar y hacer más eficaz el procedimiento de cierre de webs "eliminando los requisitos que dificultan la aplicación del bloqueo de acceso a webs infractoras" y "establecer que la no resolución en plazo no significa la caducidad en el procedimiento, como se establece en el actual proyecto de ley", reza el documento al que ha tenido acceso este diario. En concreto, esta enmienda persigue que se pueda ordenar directamente a las telecos como Telefónica que le corten o bloquee la señal de Internet a las páginas infractoras. Actualmente, el proyecto de ley reza que cuando se loca- lice una web ilegal se debe solicitar a Visa y a los anunciantes que dejen de trabajar con ellos para atacar la vía de financiación. Esta medida es ineficaz, ya que hay muchas plataformas de pago y centrales de medios por lo que el proceso se alarga y sólo se ordenaría a las telecos que cortaran la señal a través de un juez. Así, la industria cultural y los medios exigen que se comunique directamente a las operadoras el bloqueo inmediato de las webs, tal y como sucede con las páginas ilegales de juego online y en las de enaltecimiento del terrorismo.
Por último, la tercera enmienda reclama que se dote de más poder, autonomía y recursos a la sección segunda, que fue creada por la ley Sinde en 2008 para cerrar las webs que exponían contenidos intelectuales sin el permiso de los autores y que ha funcionado de forma deficiente. Esta sección está compuesta por funcionarios y depende del Gobierno, por lo que no tiene capacidad para iniciar procesos y no responden ante el sector. La enmienda pide que se dote de mayor autonomía y se nombren cada tres años "miembros independientes".
Multas de hasta 300.000 euros
