El Ministerio de Fomento ha chocado con Hacienda y con la Abogacía del Estado para poder sacar adelante distintos programas de carreteras que totalizan más de 6.300 millones de euros. Detrás de estas discrepancias están la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía, según el caso. El último episodio tiene que ver con los 12 contratos de conservación en carreteras por casi 300 millones que el consejo de ministros aprobó hace un mes. El departamento que dirige José Luis Ábalos se ha topado con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, para poder lanzar los concursos. El problema radica en la aplicación de la figura de los denominados precios contradictorios que ya no se contemplan como tal en la ley de contratos públicos que entró en vigor el pasado 9 de marzo, según explican fuentes de algunas de las empresas interesadas en los proyectos.
Los precios contradictorios derivan de indefiniciones en el proyecto o de partidas nuevas a ejecutar. Este instrumento, que otorga flexibilidad en la vida de una obra o servicio sin necesidad de recurrir a un modificado y que se recoge en el presupuesto original del contrato, ya no puede incluirse en los pliegos de contratación. La IGAE está analizando cómo resolverlo, puesto que la ley ahora obligaría a realizar un modificado para cada una de esas actuaciones. Su aprobación conlleva una serie de procedimientos que por lo general se prolongan en el tiempo durante meses. Esta dilatación contraviene las actuaciones de emergencia que habitualmente requieren los contratos de conservación.
Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento confirman esta "discrepancia en la cual estamos trabajando para encontrar una solución lo más rápido posible" y así poder licitar los proyectos "cuanto antes". Las negociaciones discurren por evitar que se tenga que aplicar un modificado para cada actuación que no está concretada en el contrato.
Las trabas de Hacienda afectan, en concreto, a un total de 12 contratos en Barcelona, Burgos, A Coruña, Huesca, Lérida, León, Toledo, Madrid, Valladolid, Salamanca y Valencia por un importe conjunto de 291,23 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó en las reuniones de los pasados 31 de agosto y 7 de septiembre. Según el comunicado oficial, estas autorizaciónes mostraban "el interés del Gobierno en priorizar y agilizar la inversión en conservación, como se ha comprometido el ministro de Fomento". Un mes después, sin embargo, no ha podido sacar las licitaciones. Una obstrucción que implica también a otros lotes de conservación que preveía lanzar este año.
El problema con los precios contradictorios se extrapola a los contratos de obra de la Dirección General de Carreteras (DGC), aunque su impacto es más limitado, toda vez que en éstos las unidades nuevas son más excepcionales y, además, "al no requerir la puesta en marcha del servicio de manera inmediata hay más margen de maniobra", explican fuentes del sector.
El plazo de concesión
Por ahora, la DGC no ha licitado ninguna obra, pero el ministro Ábalos ha anunciado a lo largo del mes de septiembre su intención de sacar los concursos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de varios de los proyectos que estaban previstos dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), de colaboración público-privada. Entre ellos se encuentran los arcos norte y noroeste de Murcia y del tercer carril de la A-7 entre Alhama y Crevillente, un tramo de la A-52 en Galicia o el tramo entre Yecla (Murcia) y Caudete (Albacete). Suman un importe de alrededor de 1.000 millones.
Precisamente, las reticencias de Hacienda están detrás de la demora en la implementación del PIC, un programa que incluye en torno a 20 contratos de carreteras bajo la modalidad de pago por disponibilidad. El expresidente Mariano Rajoy lo anunció en julio de 2017 con una inversión de 5.000 millones de euros a través de la colaboración público-privada. Los plazos de concesión se establecieron en 30 años. Sin embargo, tanto los abogados del Estado como la IGAE han encontrado incompatible el plan con la Ley de Desindexación de la Economía. En esta norma, desarrollada por el Real Decreto 5/2017, se establece un límite ligado al periodo de recuperación de la inversión.
También enfrenta un problema similar la relicitación de las autopistas quebradas (las radiales), por las que el anterior Ejecutivo pretendía obtener entre 700 y 1.000 millones. El planteamiento inicial era dividir las nueve carreteras en dos lotes con 25 y 22 años de concesión. Sin embargo, el plazo máximo de los contratos de servicios que recoge la ley es de cinco años. La privatización se ha aplazado al menos hasta el próximo año.
