Londres
El Gobierno británico se enfrenta esta semana a la inexorable obligación de demostrar que puede superar diferencias hasta ahora insalvables en materia de Brexit para acordar un mínimo común que proponer a la Unión Europea.
Theresa May ha convocado este viernes a la plana mayor de su gabinete a una cumbre en la residencia oficial de Chequers, en plena campiña inglesa, con la esperanza de que alejarse del ruido de Wesminster facilite el acercamiento, única conclusión válida si Reino Unido quiere evitar una salida caótica.
La semana pasada, la primera ministra había prometido a sus todavía socios comunitarios que la reunión alumbraría las respuestas que le reclaman desde hace quince meses, pero la paciencia en Bruselas se agota al mismo ritmo que la esperanza de negociar a tiempo el divorcio.
El escepticismo al sur del Canal de la Mancha es comprensible. El Consejo Europeo estaba llamado a cerrar un principio de acuerdo que garantizase margen para su aprobación definitiva en el de octubre.
Pero lo máximo que los líderes europeos lograron obtener de May fue, una vez más, una nueva petición de tiempo, esta vez con fecha límite: tras la cita del viernes, ha garantizado la publicación la semana siguiente de un Libro Blanco que despeje todas las incógnitas sin aclarar desde la activación oficial del proceso el 29 de marzo de 2017.
Busca consenso para aunar a un Ejecutivo dividido, un Parlamento fracturado y evitando su salida.
Toda confianza en las posibilidades de este documento es un acto de fe. Hasta ahora, tanto en casa como en el continente, la estrategia de Theresa May ha sido remitirse a un anuncio inminente que, de acuerdo con su tesis, desbloquearía la parálisis en que se hallan las negociaciones. Su materialización nunca ha tenido lugar, por lo que esperar una conclusión diferente en esta ocasión parecería más un ejercicio de ingenuidad que de pragmatismo político, si no fuera porque, a menos de nueve meses para el Día del Brexit, hay una diferencia fundamental: el tiempo se acaba.
Esta es la preocupación fundamental en Bruselas y la advertencia que la cúpula comunitaria no se cansó de transmitir a quien quisiera oírla en Reino Unido. Incluso sin tener en cuenta las monumentales implicaciones desde un punto de vista político, económico e institucional, la ruptura supone un reto legal de tal magnitud que esperar que el tiempo marginal que resta sea suficiente se antoja, en el mejor de los casos, de un optimismo candoroso. El problema es que la preocupación que menos inquieta a Reino Unido semeja ser el tamaño del desafío de revertir un matrimonio de conveniencia establecido en 1973. Su urgencia más perentoria es cómo generar un principio de consenso que aúne no solo a un dividido Ejecutivo, sino que pueda ser aceptado en un no menos fracturado Parlamento y con el añadido del más difícil todavía de evitar que provoque un desalojo en el Número 10.
Theresa May es consciente de que con el divorcio se juega más que el abandono de un proyecto comunitario que había levantado ampollas en la derecha británica desde la inicial entrada Comunidad Económica Europea hace más de cuatro décadas. Si su antecesor había convocado el referéndum, precisamente, para poner fin a las luchas cainitas que el continente seguía provocando en el Partido Conservador, la victoria del Brexit no ha hecho más que extremarlas, creando dos facciones enfrentadas que no entienden ni de siglas, ni de disciplina interna.
El origen del rompecabezas emana de la falta de especificidades previa al plebiscito. El 23 de junio de 2016, la opción se dirimía en una decisión binaria entre el estatus conocido, es decir, la continuidad, o abandonar, sin ofrecer más datos acerca de cómo y en qué condiciones tendría lugar la salida.
Esta indeterminación ha permitido germinar en el ala más a la derecha de los tories una apropiación de lo que reivindican como la "voluntad democrática", que no es otra que su versión del divorcio, la forma más dura de ruptura, basada en cercenar cualquier lazo con la UE y toda institución vinculada. Quienes militan en esta facción han demostrado su capacidad de hacer ruido, pero su poder va más allá, puesto que cuentan con representación en el Gobierno ysuman el número suficiente para imponer un voto de confianza sobre su continuidad.
Con que 48 diputados lo demanden, su presencia en Downing Street quedaría a expensas del grupo parlamentario, una posición de profunda vulnerabilidad para quien precisa de la máxima autoridad en casa para poder presentar una capacidad de presión creíble durante la negociación en Bruselas.
Sin embargo, Theresa May parece dispuesta a luchar. Consciente de que la salida blanda es la opción económicamente más conveniente, está resuelta a defenderla. El tiempo para la diplomacia interna se ha agotado y su nueva táctica pasa por retar a quienes quieren forzar su caída a dar el paso, presta, como está, a continuar aunque sea con un voto de diferencia.
