Economía

Suprimir el peaje de las autopistas tendrá un coste de unos 450 millones al año

La supresión del peaje de las seis autopistas que terminan su plazo de concesión entre este año y 2021, medida adelantada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tendría un coste para las arcas del Estado de unos 450 millones de euros anuales, según calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.

En concreto, el Gobierno ha asegurado que quitará el peaje de las tres autopistas cuyo plazo de concesión concluye este año y el que viene y que, por tanto, revierten al Estado, según ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez afecta por el momento a tres vías, las que vencen este año y el que viene, la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

No obstante, puede sentar un precedente para las tres que terminan su concesión en 2021, el tramo de la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

El coste se elevaría ahsta los 1.000 millones anuales si se contempla toda la red de pago en España, que cuenta con 2.550 kilómetros.

Metodología

El coste que el Estado deberá afrontar al levantar las barreras de los peajes deriva de sumar el importe necesario para atender al mantenimiento y conservación de las vías, del que actualmente se encargan sus empresas concesionarias, y de lo que deja de ingresar por impuestos.

Así lo detalló el presidente de Seopan, Julián Núñez, en su rueda de prensa anual este pasado mes de abril, justo cuando el anterior Ejecutivo había abierto un debate con las principales formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas una vez que venza el plazo de concesión de su explotación de cincuenta años con que contaron las empresas que las construyeron y las infraestructuras reviertan al Estado.

El anterior Gobierno decidió no prorrogar los plazos de concesión y que las vías revertieran al Estado. No obstante, emplazó a un debate entre los principales partidos para determinar si las vías volvían a sacarse a concurso para que de nuevo fueran explotadas por empresas privadas o bien pasaban a formar parte de la red de carreteras del Estado.

Alto grado de usuarios extranjeros

Además, según la patronal de concesionarias, en el caso de la AP-1 se da la circunstancia de que presenta un "elevado tránsito de vehículos extranjeros", que supone hasta el 50% del total en los meses de verano.

"No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, el coste de mantenimiento de las vías para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó el presidente de Seopan en dicha comparecencia pública.

Además, la asociación calcula que esta autopista de 84,3 kilómetros de longitud entre Burgos y Armiñón necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora.

Para Seopan, el peaje constituye además un "instrumento" para reequilibrar el tráfico entre las distintas vías. En el caso de la AP-1, estima que levantar la barrera podría elevar hasta en un 36,1% sus usuarios, lo que, "dada su capacidad actual, podría generar un caos", alertó.

Visto bueno de los transportistas

La patronal Fenadismer aplaude el compromiso del Ministerio de Fomento para liberar el peaje en las autopistas que vayan revirtiendo al Estado finalizada su concesión, y reclama la puesta en marcha de un plan de incentivos económicos para fomentar el desvío voluntario de camiones a la red de autopistas de peaje.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera, considera que liberar los peajes en estas autopistas redundará en indudables ventajas para la seguridad vial y para descongestionar la red nacional.

En este sentido, la patronal sostiene que esta decisión permitirá una mejor redistribución de los tráficos, tanto privados como profesionales, entre las carreteras nacionales y las autopistas de peajes. Con todo ello valora que la elección de una u otra vía dependa al final de los conductores, de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje, y no de criterios exclusivamente económicos.

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