El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, brinda a elEconomista Pensiones las claves de su minucioso estudio sobre la materia. Por algo es uno de los economistas de cabecera consultados por el Pacto de Toledo y al que siempre se recurre como experto en las reformas clave del país.
¿Cómo valora el carpetazo que se ha dado a la reforma de 2013 tras el acuerdo PP-PNV?
Muy negativamente. Supone desmontar la reforma de 2013 sin tener una alternativa preparada. Deja al Sistema en una situación de riesgo sin planes claros para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Aunque el acuerdo en principio tiene carácter temporal, es difícil pensar que se pueda volver atrás dentro de dos años.
¿Qué consecuencias tendrá el retraso a 2023 en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad?
A corto plazo, los efectos serán reducidos: hablamos de una pequeña rebaja que afecta sólo a las nuevas pensiones. Pero si queremos un ajuste gradual que permita una transición suave hacia un sistema sostenible a largo plazo, es muy importante comenzar lo antes posible. Si seguimos posponiendo las cosas, llegará un momento en que habrá que tomar medidas más drásticas.
¿La inseguridad jurídica y la incertidumbre sobre futuros cambios en las pensiones tendrá 'efecto llamada' y acelerará las jubilaciones?
La incertidumbre sobre las pensiones debería evitarse: genera alarma y ansiedad y complica la planificación para la jubilación. Para ello, los Gobiernos deberían ofrecer mejor información a los cotizantes desde edades tempranas y comprometerse a no introducir cambios bruscos en la normativa y las prestaciones que puedan afectar a mucha gente sin dar tiempo a reaccionar. En cuanto a la tentación de jubilarse ya para evitar riesgos en la situación actual, para muchas personas, jubilarse prematuramente tendría un coste significativo en forma de una pensión más baja, con una penalización que seguramente sería mayor que la ligada al factor de sostenibilidad.
¿Qué implicaciones tendrá la subida vinculada al IPC?
A largo plazo, el coste es muy alto porque las subidas de cada año se consolidan y elevan el gasto durante toda la vida de los actuales pensionistas. En 2017 el gasto en pensiones fue de unos 120.000 millones. Si actualizamos todas al 1,6% en vez de al 0,25 previsto, el primer año tendríamos un coste extra de unos 1.600 millones que aproximadamente se duplicaría en el segundo.
Suponiendo que del tercer año en adelante volviésemos al 0,25%, habríamos consolidado un alza de gasto de 3.200 millones anuales, que se iría reduciendo poco a poco con el fallecimiento de sus beneficiarios. Puesto que la esperanza de vida media a los 65 años está ligeramente por encima de los 20 años, podemos suponer que ese gasto se mantendría en promedio durante 10 años.
Sumándolo todo, hablamos de unos 37.000 millones. Si en vez de volver al 0,25% mantenemos permanentemente la actualización de las pensiones con la inflación, el coste se dispara. Según cálculos de Fedea, en promedio durante los próximos 40 años, la vuelta a la indexación universal con el IPC tendría un coste anual de unos 2,7 puntos de PIB. Para pagarlo, tendrían que subirnos a todos el IRPF en un 35%.
¿Necesariamente habrá subidas de impuestos? ¿Qué margen hay?
Va a ser complicado evitar subidas de impuestos o cotizaciones si no reducimos la generosidad del sistema de pensiones.
¿Hay que modular la subida de las pensiones con el IPC de algún modo?
Yo sería partidario de blindar las pensiones mínimas ante la inflación por motivos obvios de equidad y solidaridad. Según los cálculos de Fedea, esto tendría un coste asumible: siempre hablando en promedio durante los próximos 40 años, bastaría con una subida del 6% en la recaudación de IRPF. Para el resto de las pensiones, habría que pensárselo muy despacio.
¿España debe abandonar el sistema de reparto?
No. Si partiéramos de cero se podrían discutir los pros y los contras de la capitalización y el reparto, pero la historia pesa mucho. Ahora no tendríamos margen para la transición a un sistema de capitalización, porque habría una generación que tendría que ahorrar para sus futuras pensiones a la vez que sigue pagando las de sus mayores.
¿Hacen falta incentivos fiscales al ahorro a largo plazo?
Algún tipo razonable de incentivo, sí. Los incentivos que ya se ofrecen a los planes de pensiones podrían ser suficientes, pero convendría reordenarlos y simplificarlos. Hay incentivos a productos de ahorro a corto o medio plazo que no tendrían por qué estar bonificados. No se entiende muy bien por qué hay que penalizar ciertas formas de rescatar los planes. Y convendría eliminar las limitaciones que existen a los vehículos de ahorro para la jubilación y las trabas para moverse de unos activos a otros.
¿Ve posible nueva reforma de pensiones en lo que queda de 2018?
Posible sí, pero muy poco probable. Se dice que el Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo, pero supongo que en primera instancia se tratará de recomendaciones muy generales que luego habrá que pulir y concretar en una ley.
¿Qué horizonte espera a nuestro país en pensiones?
Depende de nosotros mismos, pero las últimas noticias no son buenas. Están primando las consideraciones electoralistas y de corto plazo sobre los intereses generales del país a largo plazo. Espero que sepamos reconducir las cosas.
