El Informe sobre auditoría del sector público en España del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España revela que en el ámbito local, el 90% del gasto de los ayuntamientos españoles no se audita. Esta cifra podría empeorar teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Barcelona está obligado a realizar auditorías al emitir deuda en los mercados financieros. Sin Barcelona, el porcentaje de gasto auditado bajaría del 9,40%, al 6% del total.
Los consistorios que aportan mayor nivel de información son San Sebastián, Sagunto, Granollers, San Cugat del Vallés y Las Rozas.
En el ámbito autonómico, no obstante, la peor parada es la Comunidad de Madrid, cuya información publicada no permite, según explica el informe, "ni siquiera evaluar su situación real, y su planificación de las auditorías se encuentra entre las más defectuosas".
Baleares, referencia
Al otro lado del ranking Baleares, Navarra, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias y Galicia ocupan el mejor puesto gracias a que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público, con una planificación de auditorías más sólida.
En el ámbito estatal, las cuentas estatales están relativamente controladas, pero precisan de mejoras en el control, ya que existe un 18% del total de entidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo, o bien esas cuentas rendidas no se auditan. O si no presentan cuentas que los órganos fiscalizadores, ya sea el Tribunal de Cuentas, o auditores públicos con la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), consideran que la información que contienen presenta salvedades, errores, o insuficiencias, etc.
Asimismo, presentan salvedades la Cuenta General del Estado y un 13% del total de las entidades públicas empresariales del Estado auditadas por la Igae.