La subida salarial de los tres próximos años a los funcionarios tendrá un coste para las arcas públicas notablemente elevado. El Ministerio de Hacienda habló el viernes, antes de la firma del acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F, de 6.500 millones, pero la realidad es que la acumulación anual de los incrementos -del 1,75 en 2018, 2,25 en 2019 y 2% en 2020- elevará el gasto hasta 14.400 millones. Y ello sin tener en cuenta la parte de la revalorización ligada a la evolución del PIB y del déficit, que podría incrementar la factura en otros 2.400 millones de euros según las estimaciones de este periódico.
Todo ello para que el colectivo, conformado por más de 2,5 millones de personas según los datos del gabinete de Cristóbal Montoro, noten incrementos de las nóminas de hasta un 8,8% en los próximos tres ejercicios, después de nueve años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo (algunas fuentes hablan de hasta un 20%, cifra que el Gobierno reduce sustancialmente recordando el bajo IPC en el periodo comprendido entre 2013 y 2016).
Lo que no cabe duda es de que la última década ha sido especialmente negativa para los trabajadores del sector público. No se puede olvidar que en 2010, con el estallido de la crisis de deuda, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero recortó los salarios hasta un 5%, y que tanto el PSOE como el PP, una vez llegó a Moncloa, mantuvieron congeladas las nóminas durante un lustro más. En 2016 y 2017, con las revalorizaciones del 1%, los funcionarios lograron recuperar una mínima parte de lo perdido en ejercicios anteriores -gracias a la baja inflación- si bien las cantidades resultan testimoniales.
El incremento previsto del 1,75% este año, al que hay que añadir un 0,20% adicional para colectivos elegidos en negociación colectiva, supondrá ganar otra pequeña porción de poder adquisitivo, pues la previsión anual de inflación se sitúa en el 1,6%.
Las ganancias serán aún mayores en 2019 y 2020, con incrementos de hasta el 2,25% y 3,10%, con un IPC medio calculado del 2% en ambos ejercicios.
Vuelta a los 'años dorados'
Según los últimos datos anuales de Contabilidad Nacional, relativos a 2016, la remuneración de asalariados públicos superó en aquel ejercicio los 121.300 millones de euros. El incremento anual del 1% en 2017 situó el coste por encima de los 122.500, y el 1,75% de este año lo dejará al borde de los 125.000 millones.
Será en 2019 cuando, si se cumple la previsión de un PIB por encima del 2%, el incremento salarial de hasta un 2,5% sitúe el desembolso público para funcionarios al filo de los 130.000 millones de euros, superando de largo el récord histórico que dejó el año 2009, cuando gobernaba Zapatero. Entonces, el Ejecutivo socialista ya desembolsó más de 125.500 millones de euros.
Y hay más: con el previsible aumento de sueldos de al menos el 2,3% en 2020, la remuneración de funcionarios sobrepasará los 133.000 millones, una cifra que empieza a parecerse a la que se utiliza hoy en día para satisfacer los 9,5 millones de pensiones.
El gasto, de esa manera, se habrá incrementado en 20.000 millones al año desde 2012, cuando por efecto de la congelación de nóminas y de la retirada de una paga extra, el Ejecutivo de Mariano Rajoy logró dejar la partida en 114.000 millones. Los funcionarios, pues, se convirtieron en los mayores protagonistas de la bajada del déficit en los peores momentos del ajuste.
