El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impuso el 5 marzo de 2002 aranceles a las importaciones de ciertos productos de acero. Según un estudio de Trade Partnership Worldwide para la Fundación CITAC, esta medida avalada por la sección 201 de la Ley de Comercio destruyó 200.000 empleos dicho año como consecuencia del aumento del precio del acero. Esto representó una pérdida salarial de aproximadamente 4.000 millones de dólares entre febrero y noviembre de dicho año.
Este informe, elaborado por Joseph Francois, director gerente y profesor de economía en el World Trade Institute, concluyó que el número de estadounidenses que perdió su trabajo directa o indirectamente por esta medida superó a la fuerza laboral total de la industria del acero en el país, que por aquel entonces daba empleo a 187.500 americanos.
El análisis muestra como los consumidores estadounidenses de acero tuvieron que enfrentar altos costes debido a los altos precios del acero causados por la escasez y los aranceles comerciales, entre otros factores.
De hecho, los productores estadounidenses de productos que contienen acero no sólo se encarecieron sino que su calidad decreció. Muchos de sus clientes se negaron a aceptar precios más altos y obligaron a los productores a absorber parte de los costes, lo que puso a muchas compañía en una condición financiera precaria.
Gran parte de la retórica actual de la administración Trump busca impulsar la producción nacional pero ignora en gran medida cómo estos aranceles afectarán los precios, industrias relacionadas o los consumidores que podrían tener que pagar precios más altos por artículos que incluyen desde el papel de aluminio a los coches.
"Existe una preocupación real de que la aplicación de aranceles sobre el acero y el aluminio perjudicará el crecimiento económico y generará represalias que podrían extenderse a otros productos básicos, sobre todo dentro del sector agrícola", reconoce Ericka York, analista de la Tax Foundation, en Washington D.C.
