Los políticos catalanes se han lanzado a una carrera de promesas electorales que todavía no saben cómo van a pagar.
¡Gafas y audífonos gratis para los mayores!, asegura el candidato socialista, José Montilla. ¡Cheque por nacimiento y desgravación por tener un título de inglés!, contesta el de CiU, Artur Mas. ¡Eliminación de los peajes!, replica el líder de ERC, Josep Lluis Carod Rovira. ¡Rebaja de un punto porcentual en el Impuesto de la Renta¡, saca pecho el presidente del PP catalán, Josep Piqué. ¡Guarderías para todos!, insiste el de ICV, Joan Saura.
Pero, ¿cúanto vale todo esto para los ciudadanos que residen y trabajan en Cataluña y que, el próximo 1 de noviembre, deberán votar para elegir los diputados del Parlament? Hasta ahora, sólo Artur Mas ha sido capaz de poner precio a sus promesas electorales: 1.200 millones de euros al año. El resto de candidatos no han calibrado el impacto económico que tendrán sus propuestas.
¿Y quién pagará esto?
Ese es el principal misterio. Menos el ecologista Saura, todos los demás líderes proponen una congelación o rebaja de la presión fiscal, de forma que si los ingresos bajan y los gastos suben, las cuentas no cuadran. ¿Dónde está la trampa?
La clave es la futura financiación autonómica por la que los partidos catalanes esperan recibir entre 2.500 y 4.000 millones adicionales cada año. Sin embargo, una vez aprobado el Estatut, los partidos catalanes aceptaron retrasar la negociación del dinero de más que debería recibir Cataluña para que ésta formara parte de la reforma global de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, se salió con la suya y evitó que las finanzas catalanas se discutieran de forma bilateral, tal como pedían los partidos nacionalistas. Pero además de eso, Solbes consiguió retrasar en más de un año las reclamaciones catalanas, de forma que la nueva financiación no entrará en vigor, como muy pronto, antes de enero de 2008.
Los políticos catalanes han preferido obviar este retraso y calculan que las promesas de aumento del gasto social se pagarán con el dinero de más que dentro de dos años empezará a llegar de Madrid. Por eso, el ritmo de promesas es incluso superior al habitual en todas las campañas electorales.
Muchos cheques
Las ayudas a la natalidad se han convertido en uno de los campos preferidos de CiU. Artur Mas asegura que el crecimiento demográfico de Cataluña no puede basarse en la inmigración, de forma que hay que incentivar la natalidad. Entre sus propuestas, un cheque de 1.000 euros por nacimiento de un hijo, 100 euros mensuales hasta los tres años para pagar la guardería y 4.000 euros anuales durante seis años para el tercer hijo.
Tras esas promesas, Mas apunta a una bolsa de votos muy importante: la generación del baby boom de finales de los años 60. La generación más numerosa de la historia que ha entrado en la treintena, que está en edad de procrear y que hasta ahora no ha tenido ni los medios ni las ayudas para hacerlo.
Por su parte, Montilla ha prometido 50.000 viviendas de protección oficial dirigidas a jóvenes. Pero en su caso ,no se ha olvidado de que los jubilados también dan muchos votos y les ha ofrecido gafas y audífonos gratuitos a través de la sanidad pública.
El voto de los jóvenes es clave
PP y ERC buscan votos entre los jóvenes y han hecho promesas electorales en este sentido. Piqué se ha comprometido a crear un cheque entrada por 12.000 euros para jóvenes menores de 35 años que compren una vivienda. Y Carod ha contestado con una subvención a los jóvenes del 25 por ciento del coste del alquiler en 25.000 pisos en cuatro años. Los ecosocialistas de IC-V han concretado menos las ayudas, pero aseguran que harán 60.000 pisos de protección oficial.
De lo que se ha hablado menos en la campaña es de impuestos. En este caso, sólo el PP ha anunciado que rebajará en un punto porcentual el Impuesto de la Renta en sus tramos autonómicos, algo que ya hacen los populares en otras autonomías que gobiernan. La teoría liberal del partido de Piqué es que la rebaja de impuestos genera más actividad económica, más riqueza y más recaudación para las arcas del Estado.
PP y CiU coinciden en la eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, mientras que el PSC sólo habla en genérico de una rebaja del mismo. En el caso del Impuesto de Patrimonio, es el PP quien aboga por su derogación.
ERC e IC-V hablan de incremento del gasto social de la Generalitat y sólo los ecosocialistas defienden la creación de nuevas tasas medianbientales que deberán pagar las empresas para preservar el medioambiente.
Guiño a los pequeños empresarios
CiU es una de las pocas formaciones que ha puesto un caramelo en su progama electoral para los empresarios. Se compromete a reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 15 por ciento para las microempresas. Y también ha ofrecido una desgravación fiscal en la renta para aquellas personas que tengan un título oficial de idiomas, algo que reclaman desde hace mucho tiempo las empresas que no encuentran personal con un nivel correcto de inglés.
Pero los empresarios no están contentos. La campaña electoral ha entrado en unos derroteros que no les interesan. Según la oponión mayoritaria, los partidos diseñan ayudas a la investigación para grandes empresas que se inventan proyectos para recibir las ayudas públicas, pero en ningún momento se tiene en cuenta a la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene que investigar por necesidad, para seguir sobreviviendo.
Tampoco la burocracia administrativa es un tema estrella en la campaña. Crear una empresa en Cataluña, y en España, sigue siendo una aventura de meses, lo que desincentiva la iniciativa empresarial. Las nuevas licencias medioambientales o las nuevas normativas de seguridad son vistas por el empresariado como una carrera de obstáculos cada vez más difícil de esquivar.
¿Puede pagarlo Cataluña?
Los caramelos que lanzan los cinco principales candidatos a la presidencia de la Generalitat van cubiertos de ayudas a las familias y exenciones fiscales. Dar dinero, para recibir votos. ¿Pero los catalanes están dispuestos a pagar más impuestos para aumentar su protección social? Los candidatos responden en sus programas electorales. CiU y PP adoptan posiciones mucho más liberales y aseguran que su intención es bajar la presión fiscal para permitir a las familias y a los emprendedores desarrollar sus negocios. Menos carga fiscal equivale a mayor creatividad. Al otro lado, están los partidos de izquierdas.
Social
PSC, ERC e ICV prometen más ayudas públicas para sanidad, familia, educación, tecnología, competitividad, formación en las empresas... Es decir, más intervención de la administración catalana para impulsar los sectores productivos. Pero, una vez más, sin especificar cómo se financiará este aumento del gasto social. Todo lo contrario de lo que propugnan CiU y PP, partidarios claros de que la economía de mercado y la baja presión fiscal generan empleo y competencia.
A partir del año próximo, el nuevo gobierno catalán deberá negociar el modelo de financiación según la aportación del PIB catalán al conjunto español. La Generalitat tendrá más capacidad recaudatoria y podrá subir los impuestos que gestiona si necesita financiar el gasto social. Eso, si fallan los cálculos de la negociación del nuevo sistema financiero. Pero los cinco candidatos optan por el mutismo y ninguno explicita si subirán los impuestos autonómicos especiales, los de hidrocarburos y los patrimoniales si la Generalitat lo necesita.
Mientras, siguen prometiendo ayudas. Éstas se concentran en ayudas públicas al pago del alquiler en función de los ingresos.
Y, dentro de las bolsas de ayuda al alquiler, se ha priorizado atender a dos colectivos, considerando el encarecimiento de la vivienda: los mayores de 65 años y los menores de 35. Los jóvenes obtuvieron el año pasado 316 ayudas para el pago del alquiler de una vivienda. Y esta cifra ha aumentado en 1.220 más en 2006, hasta situarse en 1.536. La ayuda media recibida es de 1.377 euros anuales.
Por edades, los dos grandes beneficiarios son los menores de 35 años y los mayores de 65 años. Estos dos colectivos son, sin duda, los objetivos prioritarios de los candidatos a la hora de atraer nuevos electores. Aun así, los políticos prefieren prometer en vez de dar explicaciones, que es lo que espera el electorado.
