La partida dedicada al desempleo es la que más alegrías le está proporcionando al Gobierno en este complejo periodo de reducción del déficit. De los más de 30.000 millones anuales necesarios en los años 2010 y 2011 hemos pasado a una situación radicalmente distinta.
A falta de semanas para conocer el cierre presupuestario completo del ejercicio 2017, se sabe que el desembolso necesario fue inferior a los 18.000 millones, por lo que el abaratamiento de la factura se sitúa ya en el 42% desde que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno. Es posible, incluso, que el año en curso propicie alegrías mayores y el gasto ronde los 16.000 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que era necesario durante lo más duro de la recesión.
Por ahora, el Ejecutivo calcula una cuantía de 17.600 millones, según el plan presupuestario remitido por el Ministerio de Economía a Bruselas el pasado mes de octubre, si bien durante los últimos años se ha podido apreciar una sobreestimación de los recursos necesarios por parte de los Servicios de Empleo (y que luego han servido para mitigar parte del déficit de las pensiones, pues ambas partidas son responsabilidad de la maltrecha Seguridad Social).
Cabe decir que en la gran reducción experimentada por esta partida ha influido de manera determinante la bajada del paro. Ahora la tasa se sitúa en el 16,5%, seis puntos más baja que la que se encontró el Ejecutivo del PP a finales de 2011 cuando accedió al poder (entonces era del 22,9%).
No se puede obviar, aún así, que la rebaja en la factura de desempleo no se debe únicamente a la ansiada bajada del paro. La crisis ha sido tan brutal que aún hoy, con el PIB cabalgando por encima del 3% por cuarto ejercicio consecutivo, cuatro de cada diez parados han agotado su derecho a prestación. La tasa de cobertura, en este sentido, se situaba en enero en el 58,6%, muestra de que el mercado laboral no se lo está poniendo nada fácil a colectivos especialmente vulnerables, como el que conforman los mayores de 45 años.
Lo único positivo es que la desprotección total se ha mitigado, pues la citada tasa de cobertura ha llegado a punto de caer el del 51% en los momentos más críticos de la última década.
Desembolso histórico
De cualquier forma, solo comprobando el gasto en desempleo de los últimos diez años se puede apreciar la enorme dimensión del mal momento que ha atravesado España. Los distintos gobiernos han tenido que dedicar nada más y nada menos que 250.000 millones de euros a proteger a los parados, que en lo más profundo de la crisis llegaron a ser más de seis millones.
En 2008, año en el que quebró Lehman Brothers y se desató la tormenta financiera mundial, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aún pudo sujetar las cifras y desembolsó 15.800 millones. Pero dos años después, en 2010, y al hilo del recrudecimiento de la recesión por el estallido de la crisis de deuda en Grecia y España, esa partida se incrementó hasta 31.000 millones.
Desde entonces, y por el progresivo agotamiento de la prestación de numerosos parados; y por la reducción intensa del desempleo desde los máximos históricos del 2013, con una tasa que rebasó el 26%, la cantidad ha ido reduciéndose paulatinamente. En 2016 cayó de los 20.000 millones y para 2020 se espera que caiga de 15.000.
Hoy, pese a que el número de parados ha bajado hasta 3,4 millones (según la estadística del Ministerio de Empleo de enero), la del desempleo sigue siendo la tercera partida más cuantiosa de los Prespuestos Generales del Estado. Únicamente le superan la dedicada a las pensiones y la de intereses de la deuda, anclada por encima de los 30.000 millones anuales. Así volverá a ser en 2018, haya nuevas Cuentas o nos quedemos con la prórroga del ejercicio pasado.
Los 250.000 millones dedicados a abonar prestaciones de desempleo equivalen, para hacernos una idea de su envergadura, al pago de todas las pensiones contributivas durante dos años (su coste asciende a 122.000 millones por ejercicio, a los que hay que sumar los posteriores complementos a mínimos y otras prestaciones de la Seguridad Social). La cifra, de hecho, multiplica por más de cinco a la de toda la inversión del Estado en infraestructuras a lo largo de la última década. Esta partida, por cierto, se ha convertido en en la gran víctima de los ajustes y ha sufrido una bajada de casi el 40% desde 2011.
