Ante las dificultades para cerrar un acuerdo con Ciudadanos y el PNV, el Gobierno reconoce ya en privado que los Presupuestos Generales del Estado para 2018, bloqueados desde que el pasado mes de septiembre la tensión entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña escalase hasta tal punto que se convirtiese en asunto absolutamente prioritario, podrían no salir adelante.
Aunque en público manifiestan su intención de presentar las cuentas en el mes de marzo y que entren en vigor en junio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contempla ya un escenario en el que garantiza a los funcionarios la subida salarial por real decreto.
Así lo confirman a este periódico fuentes sindicales presentes en las negociaciones que acaba de retomar el Ejecutivo con los empleados públicos: "El Gobierno reconoce abiertamente la posibilidad de que no haya Presupuestos, pero, los haya o no, va a haber subida salarial".
Sobre la cuantía del incremento, las mismas fuentes confirman lo que adelantó elEconomista: todavía no hay nada firmado, pero Montoro estaría dispuesto a mejorar su última oferta, que contemplaba un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los próximos tres años, en función de la evolución de la economía.
Las conversaciones se acaban de retomar tras un parón de cuatro meses y está por ver hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno. De momento, el sindicato de funcionarios CSIF advirtió ayer de que "los empleados públicos tienen que empezar a recuperar poder adquisitivo en sus nóminas (desde que comenzó la crisis han perdido en torno a un 20%) si el Ministerio de Hacienda quiere nuestra firma en un eventual acuerdo en materia de función pública".
Pulso con los funcionarios
Pero, más allá de la cifra, en su intento por negociar una nueva mayoría en el Congreso para sacar adelante las cuentas, Montoro volvió a hacer guiños al funcionariado. Las partes retomaron ayer su pulso; en juego: la subida salarial, la jornada de 35 horas semanales y la recuperación del 100% del pago de las bajas por enfermedad.
Durante la reunión mantenida ayer con las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT, el ministro de Hacienda y Función Pública se mostró abierto a negociar estas cuestiones y a presentar una oferta de empleo en la que, "por primera vez desde que comenzó la crisis, se podría volverá a crear empleo neto, más allá de la cobertura de las bajas por jubilación", dijo CSIF.
Uno de los caballos de batalla es, precisamente, la jornada de 35 horas. Cuando, en 2012, el Gobierno estableció las 37,5 horas, revocó las normas de Andalucía y Asturias, que las rebajaban en 2,5 horas. La comunidad que preside Susana Díaz decidió, no obstante, recuperar la jornada de 35 horas, hasta que el Tribunal Constitucional le obligó a acatar el mandato del Gobierno central.
