Los emisores de deuda, bien sean gobiernos o compañías, suelen someterse al escrutinio de los tres mosqueteros de la calificación estadounidenses, más conocidos como Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Bien sea de forma voluntaria y previo pago, con un coste que viene a rondar los 100.000 dólares anuales, o de forma no solicitada, como ocurrirá a partir de ahora en el caso de España, estas compañías de rating son responsables de evaluar la solvencia y la capacidad de países, bancos y empresas para cumplir con sus acreedores.
A través de las cuatro primeras letras del abecedario, cuya combinación oscila desde la AAA, para la deuda más solvente, hasta la C o la D, según la agencia, para aquella en impago o "basura", estas entidades son capaces de hacer tambalear el sistema financiero mundial.
Aún así, su juicio no siempre ha estado libre de pecado. Quedó patente en la resaca de 2008. La disección post mortem realizada por el Informe de Consulta sobre la Crisis Financiera (FCIR, por sus siglas en inglés) previo encargo del Congreso y la Casa Blanca concluyó que los "fracasos" de las tres agencias se postularon como el "engranaje esencial en la rueda de la destrucción financiera" y "factores clave" de aquel terremoto global.
Tanto Moody's como S&P o Fitch otorgaron sobresalientes a las bombas de relojería que empaquetaban hipotecas de alto riesgo en complejos e indescifrables productos financieros. Incluso, años antes y coincidiendo con el cambio del milenio, respaldaron completamente la buena salud de Enron, que luego se hizo un hueco en el ranking de las mayores quiebras a este lado del Atlántico.
En el Viejo Continente, estas agencias de rating estadounidenses jugaron un papel importante durante el azote de la crisis de deuda soberana. Una debacle que comenzó en Grecia, que pasó de las calificaciones más altas en 2007 a contar con una calificación de basura en abril de 2010, a tocar de lleno a nuestro país. España fue despojada de su triple A en 2009, la máxima calificación crediticia hasta quedar al borde del abismo en 2012, cuando S&P equiparó la calidad de la deuda soberana española a la de Marruecos o Letonia.
Consecuencias
Mucho ha pasado desde entonces. Tanto que el gobierno de Mariano Rajoy ha optado por no renovar los contratos que tenía con las tres grandes agencias de calificación de riesgo y sólo mantendrá a partir de ahora el suscrito con DRBS. Un ahorro para las arcas públicas que desde el Ministerio de Economía también justificaron como una señal "de confianza que existe en la actualidad en la economía española, a diferencia de otras épocas".
Como explican desde S&P, la última de las agencias estadounidenses en no ser renovada, sus expertos continuarán evaluando a España de forma no solicitada "porque creemos que tenemos acceso a suficiente información pública de calidad confiable para respaldar nuestro análisis y vigilancia continua, y porque creemos que hay un interés significativo en el mercado por esta calificación". De esta forma España, se suma a la lista que ya encabezan otros países como Alemania o Reino Unido, entre otros.
Pero, ¿qué implicaciones tiene? Anna Gibert, experta del Instituto Alemán de Análisis Económico (DIW), determina, entre otras cosas, que "las calificaciones soberanas no solicitadas suelen ser más altas que las de aquellos países que contratan los servicios de estas agencias".
Según explica Gibert, las agencias de calificación están interesadas en emitir calificaciones no solicitadas cuando la cantidad de deuda emitida en un segmento de mercado es alta o cuando la visibilidad de dicha calificación en este mercado es alta. "Las calificaciones visibles no solicitadas mejoran el poder de negociación, lo que permite a las entidades de rating cobrar tarifas más altas por las calificaciones solicitadas", aclara.
Otros análisis identifican otras consecuencias implícitas de los países que reciben una calificación de deuda no solicitada por parte de las distintas agencias de calificación. Patrycja Klusaka, Rasha Alsakkaa y Owain ap Gwilyma, profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Bangor, en Reino Unido, sugieren que los bancos basados en países cuyas calificaciones se han convertido en no solicitadas, como es el caso de España, cuentan con mayores probabilidades de recibir una rebaja de calificación.
Esta conclusión se produjo al hilo de la regulación europea que llevó a S&P a cambiar la calificación de 14 países soberanos a "no solicitada" en febrero de 2011. Los expertos de la Universidad de Bangor estudiaron la relación entre este tipo de cambios y sus efectos en el rating de la banca a través de 152 bancos de 44 países soberanos en Europa, Asia y y América Latina.
