El presidente Mariano Rajoy adelantó esta semana que plantearía a los agentes sociales un pacto a tres años para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera gradual, ofreciendo para 2018 un alza del 4 por ciento y "subidas importantes" para 2019 y 2020.
Un día después, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, trasladó la propuesta a patronal y sindicatos, pero no concretó la senda de incremento más allá del año que viene. Según ha sabido elEconomista, los aumentos que contempla el Gobierno son del 5 por ciento en 2019 y del 10 por ciento el año siguiente.
Fuentes sindicales corroboran estas cifras y recuerdan que el último Consejo de Ministros del año, el próximo día 29, dará luz verde al Real Decreto por el que se fija el SMI para 2018, si bien el "principio de acuerdo" de cara a los dos años siguientes aún no está cerrado. El plazo finaliza este martes y en CCOO y UGT trabajan estos días a marchas forzadas para plantear al Ejecutivo una contrapropuesta.
En líneas generales, la senda establecida por el Gobierno es vista con buenos ojos por los sindicatos, que hablan de una subida "cuantitativamente muy importante". No en vano, respecto al SMI de 2017 (707 euros al mes, en 14 pagas), supone un aumento de algo más del 20 por ciento, lo que se traduce en 142 euros al mes o 2.000 euros al año, "el mayor incremento en tres años consecutivos desde 1992", recuerdan las fuentes mencionadas.
Es más, si tenemos en cuenta el alza de este año 2017, cuando la presión para lograr el apoyo del PSOE al techo de gasto llevó al Ejecutivo a aprobar una subida del 8 por ciento -la mayor en 30 años- el salario mínimo se habrá incrementado casi un 30 por ciento en 2020, cuando está previsto que alcance los 850 euros mensuales.
A juicio de las organizaciones sindicales, "no se trata de un aumento puntual, sino de tres años de incrementos importantes y consecutivos, lo que elimina incertidumbre y ofrece un escenario de estabilidad muy deseable". Eso "ofrece garantías de mejora económica automática para los trabajadores que acceden al mercado laboral en condiciones de bajos salarios".
Pero más allá de la cuantía, en CCOO y UGT existen dudas en relación a los condicionantes que ha especificado el Gobierno para llevar a cabo esa senda alcista del SMI en tres años: que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 2,5 por ciento y la economía genere al menos 450.000 empleos.
En este sentido, los sindicatos pedirán al Ejecutivo que rebaje esta condición "a crecimientos superiores al 2 por ciento y más de 400.000 puestos de trabajo". Asimismo, plantearán que la condicionalidad se ligue sólo a uno de los factores, al crecimiento o a la creación de empleo, pero no a ambos.
El objetivo es lograr que el acuerdo no se inhabilite si se incumple una de las condiciones. "La subida no es incondicional y está determinada por la persistencia de los buenos datos", recuerda el economista de Fedea, Marcel Jansen, quien advierte que "no queda claro qué se va a hacer si no se cumplen". Los sindicatos quieren que ese escenario sea una "referencia", "no vinculante", pues si bien para el próximo año aseguran que "no va a haber problemas", de acuerdo con las previsiones económicas que manejan, no lo tienen tan claro en cuanto a las proyecciones para 2019 y 2020. "Se prevé una cierta ralentización en la creación de empleo en los próximos años", recuerdan.
Impacto limitado en empleo
Por otro lado, las organizaciones sindicales salen al paso de las voces críticas que estos días cuestionan la subida del SMI por su impacto en la creación de empleo. Aseguran, directamente, que "tendrá muchos efectos positivos y ninguno negativo": impulsará el consumo, incrementará los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, facilitará el acceso a subsidios, reducirá la desigualdad salarial.
Recuerdan que este año el SMI ha subido un 8 por ciento y el empleo no se ha resentido, "sino que ha intensificado su crecimiento, en especial en los jóvenes y en las mujeres", colectivos estos muy afectados por el SMI, además de los extranjeros y de los trabajadores no cualificados, según recoge la memoria económica que acompaña el Real Decreto.
El texto elaborado por el Gobierno recoge, por ejemplo, que un joven de 20 años tiene una probabilidad de cobrar el salario mínimo "diez veces mayor que una persona entre 50 y 59 años". Además, explica que el mayor número de perceptores se concentra en comercio y hostelería, que los empleados temporales se ven tres veces más afectados que los indefinidos y que los de tiempo parcial tienen coberturas del SMI "ocho veces superiores a los de tiempo completo".
Según reconoce el Ejecutivo, el porcentaje de trabajadores afectados por el incremento del salario mínimo es "limitado", apenas el 3,5 por ciento de los afiliados, unas 534.000 personas. Por eso, los expertos descartan un gran impacto de la medida en lo que se refiere a los costes salariales de las empresas, así como en ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. La memoria económica cifra en 33,2 millones de ingresos extra por cada punto de incremento del SMI.
