"Las empresas se están volviendo literalmente locas", sentenciaba desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lejos de la enajenación, el mandatario, quien el viernes rubricó finalmente la Ley de Recortes Impositivos y Empleo, se refería al aparentemente atractivo marco fiscal que se avecina para las compañías que operan en el país. Una firma que también estampó sobre el plan de los legisladores en el Capitolio para garantizar la financiación del gobierno federal hasta el próximo 19 de junio.
Con firmas como AT&T, Comcast, Boeing, Wells Fargo, Fifth Third Bancorp o Texas Capital Bank anunciando bien inversiones, pagas extraordinarias o subidas de sueldo, Trump no dudó en parsamoniar "la mayor rebaja y reforma de impuestos del país". "Me siento muy honrado", sentenció.
Un marco fiscal más atractivo
Aunque todavía es pronto para determinar el impacto real de este plan, valorado en 1,5 billones de dólares, es cierto que los republicanos han sentado la base para conseguir un marco fiscal mucho más atractivo para las compañías patrias o que decidan residir en suelo americano.
En primer lugar, "el proyecto de ley reduce la tasa impositiva federal a las empresas desde el 35 por ciento al 21 por ciento, si a ello sumamos las cargas impositivas estatales y locales, la tasa efectiva de EEUU será aproximadamente del 26,5 por ciento", explica Gavin Ekins, experto de la Tax Foundation, un think tank con sede en Washington.
Esto sitúa al país por debajo de la media ponderada de los países de la Union Europa, que cuentan con impuesto de sociedades del 26,93 por ciento y muy por debajo la media actual de la OCDE, que se sitúa en el 31,39 por ciento "Esto coloca a EEUU justo en medio del ranking de los países de la OCDE en lo que a impuesto de sociedades se refiere", matiza Ekins insistiendo en que el país se situará en el decimotercer puesto aproximadamente. "Muchas compañías no van a encontrar un lugar mejor donde tributar", aclara.
Este experto señala como Francia tiene la tasa impositiva más alta y Bélgica ocupa el tercer lugar después de EEUU, que hasta ahora implantaba un gravamen del 35 por ciento. Ambos países han reducido los impuestos a las empresas y eso deja a Alemania y Japón como los países con los impuestos de sociedades más altos.
De hecho, la Federación Alemana de Industria avisaba en un comunicado que la nueva ley fiscal de EEUU brinda "incentivos significativos para reubicar muchas operaciones empresariales en EEUU" y algunos economistas avisan que las nuevas condiciones pueden provocar que tanto empleos como inversiones europeas migren a EEUU.
Precisamente, el fabricante de coches alemán, BMW, confirmó a última hora del viernes que espera que la reforma tributaria de Trump y los republicanos aumente sus beneficios netos de 2017 entre 955 millones y 1.550 millones de euros. "El incentivo es mayor para que quedarse o traer nuevas inversiones a EEUU", estiva Joseph LaVorgna, economista jefe de Natixis.
Lavorgna considera que una tasa impositiva del 21 por ciento, junto con una aceleración de la depreciación, la desregulación en muchas industrias y los todavía relativamente bajos costes de la energía refuerzan el ímpetu para reinvertir en el país.
Otro aspecto clave a tener en cuenta dentro de la reforma tributaria orquestada por Trump y los republicanos en EEUU es el gravamen que se impondrá a las multinacionales para incentivar la repatriación de beneficios en el extranjero. El plan fija una tasa del 15,5 por ciento sobre los beneficios en efectivo y del 8 por ciento para los activos menos líquidos o beneficios reinvertidos.
Una recaudación de 200.000 millones
De los aproximadamente 2,5 billones de dólares que las compañías estadounidenses aparcan fuera del país, 920.000 millones de dólares son efectivo. "El gobierno federal puede llegar ha recaudar más de 200.000 millones de dólares gravando estos beneficios", estima Gary Clyde Hufbauer, experto del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés).
Según la nueva ley, los pagos al fisco sobre estos beneficios pueden dividirse en ocho pagos anuales. "Las compañías que residan en EEUU contarán con una mejor posición competitiva que muchos de sus rivales con europeos, nipones y en otros países avanzados" incide Hufbauer, quien destaca como la nueva ley cambia a un sistema de impositivo territorial y permite a las compañías gastar las inversiones de capital en el año en que ocurren.
Al mismo tiempo, para desalentar a las empresas que inviertan sus beneficios fuera de EEUU, el plan endurece las condiciones relacionadas con los pagos a subsidiarias extranjeras. El conocido como el impuesto antiabuso (BEAT) básicamente requiere que las empresas paguen impuestos por las transferencias entre subsidiarias, que hasta ahora se empleaban para reducir o evitar la fiscalización de beneficios de de muchas compañías.
Sin embargo, los ministros de finanzas europeos ya advirtieron al secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, cuando todavía se estaba esbozando el proyecto de ley, que esta medida "podría correr el riesgo de generar distorsiones en el comercio internacional". Según su punto de vista, estas reglas impactarían de lleno a los bancos internacionales y las aseguradoras que hacen negocios en EEUU y que enfrentaría un impuesto al realizar pagos entre subsidiarias, algo que violaría los tratados para evitar la doble imposición.
Como parte del endurecimiento a los pagos entre subsidiarias, EEUU impone un impuesto mínimo a los beneficios intangibles, como las patentes, algo que podría afectar a farmacéuticas y tecnológicas. De todas formas todavía no está claro cuán efectivas serán estas reglas. Lo cierto es que algunos analistas consideran que que esta medida podría impulsar incluso a las compañías estadounidenses a trasladar importantes inversiones "tangibles", como fábricas, al extranjero, ya que la ley exime de fiscalización a algunos de las beneficios generados por estos.
Otro asunto polémico de la nueva ley es que permite a las empresas estadounidenses reclamar una deducción por el dinero obtenido de sus exportaciones, lo que reduce el gravamen sobre las mismas hasta alrededor del 13 por ciento. Un hecho que probablemente la Organización Mundial del Comercio pueda interpretar como un subsidio ilegal.
"Algunas de estas medidas impactarán en las cadenas de suministro mundiales y seguramente provocarán protestas y posibles represalias entre los socios comerciales y de inversión de EEUU, posiblemente incluso con acciones legales ante la OMC", advierte el analista del PIIE. Según su parecer no sólo algunas partes de esta reforma son "vulnerables a enfrentar desafíos en la OMC" sino que también puede "invitar" a Europa y otros países a responder con represalias a través de otras medidas fiscales.
