Al cierre del tercer trimestre del año, en España había 1,36 millones de personas que llevaban dos años o más buscando empleo sin éxito. Son los llamados parados de larga duración, que antes de la crisis apenas suponían uno de cada diez y hace más de cuatro años que no consiguen bajar del 33% del total. Mientras la cifra de parados se ha reducido un 40% desde su punto más alto (2013), la de desempleados de larga duración lo ha hecho en menor medida (35%).
Actualmente, los 3,7 millones de personas en los que la Encuesta de Población Activa cifra el total de parados está en niveles similares a los que había entre 2008 y 2009, pero los desempleados de larga duración eran entonces 376.000, es decir, menos de una tercera parte de los que hay ahora.
Ramón Xifré, economista de la Universidad Pompeu Fabra, destaca que estas cifras son especialmente preocupantes o deberían serlo. Según un artículo escrito en Cuadernos de Información Económica, "el paro de larga duración puede tener efectos muy negativos en las perspectivas de empleabilidad de las personas que lo sufren e incluso en su salud física y emocional".
Por este motivo, parece que luchar contra este tipo de paro debería de ser prioritario. En palabras de Xifré, "reducir este tipo de paro particularmente destructivo y nocivo debería ser uno de los objetivos principales de cualquier reforma laboral. Los datos sugieren, sin embargo, que la reforma de 2012 no ha conseguido atajar este problema de forma eficaz".
El Gobierno ha presentado diversas iniciativas para reducir el número de parados de larga duración pero en la mayoría de los casos no pasa de ser una prestación asistencial que permite el cobro de una renta al parado durante unos meses más. Tras el Prepara, el Ejecutivo lanzó el Programa de Activación para el Empleo, pero su resultado es similar al de sus predecesores.
Caída de la tasa de cobertura
De hecho, una de las consecuencias de este paro de larga duración es el agotamiento de las prestaciones para los desempleados. La tasa de cobertura, la proporción de desempleados que reciben algún tipo de prestación en relación al total de desempleados, no ha dejado de bajar desde 2010. Entonces llegó a un nivel del 78%, pero desde entonces ha bajado hasta situarse en el 55% en 2017.
Según Xifré, esta situación no sólo es crítica porque casi la mitad de los parados no tengan ningún tipo de prestación, sino también porque "dentro del grupo de personas desempleadas que reciben prestación, desde 2013 la mayoría reciben una prestación no contributiva, es decir, asistencial o cuasiasistencial (como la renta activa de inserción o el programa de activación para el empleo)".
En su opinión, esta situación es "una manifestación más del paro de larga duración; a medida que se alarga el periodo de paro, se extinguen las prestaciones contributivas, de mayor cuantía, y los desempleados pasan a percibir las asistenciales". El autor subraya que "esta doble precarización en las condiciones de los desempleados plantea serias dudas sobre la idoneidad y la efectividad de la reforma de 2012 en lo relativo al apoyo a las personas más vulnerables en el mercado laboral".
